viernes, 20 de mayo de 2011

Fracasó el Frente Amplio en terminar con la ley que impide juzgar a violadores de DDHH

La Cámara de Diputados de Uruguay rechazó hoy con 49 votos sobre 98 el plan del oficialista Frente Amplio (FA) de eliminar la Ley de Caducidad, que evita juzgar a los militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

Después de catorce horas de acalorado debate, el diputado oficialista Víctor Semproni cumplió su promesa de abstenerse y el FA se quedó a un voto de lograr la mayoría necesaria para llevar adelante la iniciativa. 

De este modo, el resultado de la votación fue un empate técnico, lo que según el reglamento legislativo se considera como un rechazo. 

El FA, el bloque de izquierdas que gobierna desde 2005, cuenta con 50 de los 99 diputados de la Cámara Baja y había exigido a todos sus parlamentarios que respaldaran el proyecto, que la oposición rechazaba en pleno. 

A pesar de la orden de su partido y los ruegos del mismísimo presidente del país, José Mujica, Semproni decidió no respaldarlo por considerarlo inconstitucional y porque vulnera dos referendos que en 1989 y 2009 ratificaron la Ley de Caducidad, aprobada en 1986. 

El legislador, un ex guerrillero que sufrió torturas durante la dictadura, dijo estar "totalmente de acuerdo y en pie de lucha para borrar definitivamente la Ley de Caducidad del sistema legal uruguayo" pero consideró la iniciativa "poco segura y efectiva, y generadora de mayores dificultades". 

Desde su aparición el año pasado, la propuesta generó una fuerte división en el seno del partido gobernante y concitó el rechazo incluso de Mujica, que llegó a pedir a los diputados que no la votaran aunque siempre mantuvo que no iba a vetar la medida si se aprobaba en el Legislativo. 

La sesión parlamentaria, que comenzó el jueves por la tarde y se prolongó hasta este viernes por la intervención de decenas de diputados de uno y otro bando, concitó un gran interés entre los medios de comunicación uruguayos, que siguieron el debate en su integridad. 

Cientos de defensores de los derechos humanos se concentraron infructuosamente a las puertas del Palacio Legislativo al inicio de la reunión para pedir a los diputados que aprobaran el proyecto. 

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