Con los 16 votos del Frente Amplio (FA) el Senado sancionó anoche el proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad. Los asistentes a las barras celebraron la votación con un cerrado aplauso, para luego comenzar a entonar: "Se va a acabar, se va a acabar, la impunidad en Uruguay"; "Se escucha, se escucha, arriba los que luchan".
Polémica votación. Voto en contra de Saravia y la baja de Fernández Huidobro.
22.30 horas. Macarena Gelman, entre otros, saluda la votación del proyecto.
Luego que el Senado aprobó en general y en particular el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, el Partido Colorado a través del senador Tabaré Viera impugnó en los hechos la decisión de la Cámara alta, al señalar que el legislador oficialista Oscar López Goldaracena estaba impedido de sufragar por ser patrocinante de varios casos vinculados a los derechos humanos.
La situación llevó a la izquierda a pedir un cuarto intermedio. El presidente del Senado, Danilo Astori, consideró que estaba cuestionada la actuación de la mesa de la Cámara alta y puso a votación el tema. Por 16 votos en 31 se respaldó lo actuado por la mesa. El proyecto ingresará a Diputados para ser aprobado el 4 de mayo, según el cronograma previsto por el FA. El senador Jorge Saravia no acompañó al oficialismo y votó también en contra del planteo de Astori. La aprobación de la iniciativa tuvo como primera consecuencia dentro del oficialismo la renuncia a la banca del senador Eleuterio Fernández Huidobro.
Solo una hora antes de que hiciera uso de la palabra en sala, el conductor de la CAP-L comunicó a algunos integrantes del FA su decisión de acatar la resolución de la dirección de la izquierda, pero que dejaría su banca por entender que se debía respetar "el resultado popular" de los dos plebiscitos.
La decisión del senador oficialista alteró el clima de la sesión, al convertirse en el hecho político más significativo, que opacó en parte la aprobación del proyecto.
La alteración se produjo no sólo porque la mayoría de sus compañeros de bancada no sabían que iba a renunciar a la banca, sino porque sus mismos argumentos fueron recurridos por la oposición hasta que concluyó la sesión.
Al conocer la decisión de Fernández Huidobro, el presidente José Mujica se trasladó al Parlamento para reunirse con el legislador renunciante (ver nota aparte). Unos minutos antes, al ingresar a la sala para hacer uso de la palabra, Fernández Huidobro estuvo acompañado por sus dos secretarios y los diputados Carlos Gamou quien lo remplazará en la banca y Carlos Bouzas. No obstante, el primer suplente de Fernández Huidobro es el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, quien se estima que se mantendrá en el cargo.
La maratónica sesión de más de 12 horas estuvo signada por la defensa cerrada de los senadores de la coalición del proyecto interpretativo pese a la disidencia de Saravia y la discrepancia del propio Huidobro, quien calificó de "error" la iniciativa de la izquierda y los cuestionamientos de los legisladores de los lemas tradicionales. El también disidente Rodolfo Nin Novoa pidió licencia y en su lugar ingresó su suplente Gustavo Guarino. Blancos y colorados acusaron al FA de afectar "la democracia", no respetar el resultado de "las urnas" y sentar un precedente calificado de "grave". Ante la presencia de Macarena Gelman, dirigentes del PIT-CNT, familiares e hijos de desaparecidos y algunas decenas de personas que ocuparon las barras, el oficialismo optó por no hacer comentarios en sala sobre la actitud de Saravia y lamentó la decisión de Fernández Huidobro. Integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo anunciaron su decisión de remitir el caso de Saravia al Tribunal de Conducta Política del FA, a pesar de no ser la estrategia que pensaba llevar adelante el resto de los grupos de la coalición, que apuntaba a bajarle el perfil al tema. Por su parte, Saravia dijo a LA REPUBLICA que se ajustará a las consecuencias que adopte el FA, aunque dejó la puerta abierta para dejar la coalición. Admitió que su compromiso "es con el presidente Mujica, que fue quien me fue a buscar a mi casa para que me sumara al proyecto político. Mi compromiso es apoyar al Presidente". Informó además que se reunirá con el mandatario el lunes 25 de abril, en horas de la tarde, oportunidad en la que le presentará el proyecto que habilita a los integrantes de las Fuerzas Armadas a realizar funciones vinculadas a la seguridad en barrios problemáticos (ver nota aparte)". El "pacto del club naval" fue constantemente recurrido por los senadores blancos, los cuales no ahorraron críticas y reproches a la izquierda por haber aceptado la salida de la dictadura con el líder Wilson Ferreira Aldunate "preso y proscrito". Los colorados, en tanto, insistieron sobre "la inconstitucionalidad" del proyecto, evocaron en forma reiterada los hechos de violencia sucedidos en las décadas de 1960 y 1970, la teoría de "los dos demonios", y reprocharon que la izquierda a su entender solo haya atendido a las víctimas de la dictadura y no así a las de la guerrilla. En ese sentido, recordaron el proyecto avalado por el ex presidente Tabaré Vázquez, que contempla un resarcimiento económico a los familiares de quienes murieron víctimas de la guerrilla. López Goldaracena terminó las intervenciones pasadas las 22.20 horas, al señalar que "hoy más que nunca la opción es entre barbarie y derecho, el reafirmar la justicia como modelo innegociable", dijo quien ofició de miembro informante.
"Este proyecto interpretativo brinda un instrumento por el cual las normas de impunidad de la Ley de Caducidad serán removidas. Estamos cumpliendo con el derecho internacional de los derechos humanos. Todos saben que estoy convencido de que esta ley nunca debió haber existido", advirtió el senador. "La bancada mayoritaria entendemos que por el futuro debe ser votado y se convierta en ley antes del 20 de mayo, para tener un 20 de mayo sin impunidad", añadió el legislador... Por iniciativa del propio Saravia, la votación fue nominal. La moción fue afirmada además por el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga.
Durante el debate el dirigente blanco calificó de "mamarracho jurídico" a la Ley de Caducidad, pero al mismo tiempo advirtió que el proyecto del FA era "groseramente inconstitucional". Fustigó que se "violente la voluntad popular" y opinó que la actitud de la izquierda "afecta la calidad de la democracia". En una posición similar se pronunció el líder herrerista Luis Alberto Lacalle, quien consideró que los actos de violencia en el país se produjeron "por el veneno castrista que prendió", en referencia a la revolución cubana y a Fidel Castro.
"No se puede interpretar al pueblo, es un ataque cívico al pueblo. Es un ataque a la credencial en el bolsillo. Es un atropello", advirtió. Con la Constitución en la mano, Saravia evocó a Wilson Ferreira y a Aparicio Saravia. "La democracia republicana se renueva con la garantía. Ese es el ser republicano", aseveró.
Guarino, en cambio, dijo que "hay senadores (por la oposición) muy preocupados por las consecuencias terribles que va a tener esta votación en el FA. Votamos sin violencia, porque es un tema especial, esencial para la convivencia democrática, porque si no se respetan los derechos humanos, difícilmente puedan desarrollarse sociedades sanas". "Voto con tranquilidad, sin unidad de acción no se puede avanzar. Por eso vamos a votar con convicción. Solo así se tienen partidos políticos fuertes.", expresó. "Creo que en una democracia representativa republicana es legitimo que el Parlamento vote una ley. No hay ilegitimidad alguna", alertó.
También defendió la actuación del ex presidente Tabaré Vázquez al resaltar que "el primer dictador y hasta el último están presos. No creemos en la teoría de los dos demonios", expresó Guarino.
En la misma línea el senador Luis Gallo consideró "que en democracia" no todo "es absoluto"·, en alusión al comentario de Vázquez respecto a que no siempre "la mayoría tiene razón". "La Ley de Caducidad es la violación más fragrante de los derechos humanos", dijo Gallo al citar opiniones de juristas. Esta ley debe ser letra muerta, no estamos vulnerando los principios constitucionales", precisó el senador de Asamblea Uruguay.
En tanto, el senador Luis Alberto Heber dijo que siempre el FA reprochará al Partido Nacional por haber apoyado la Ley de Caducidad, mientras que los blancos harán lo mismo por "el pacto del Club Naval".
Afirmó que su madre fue una "mártir" del régimen militar.
"¿Por qué no se quiso derogar? "¿Hubo un segundo pacto con los militares?", preguntó el senador nacionalista. Propuso que el proyecto sea puesto a consideración nuevamente de la ciudadanía, para que el resultado tenga legitimidad.
La socialista Mónica Xavier señaló que la decisión del FA de aprobar el proyecto tenía como objetivo a "los jóvenes y las madres" de las víctimas de la dictadura. Consideró que "el acuerdo del Club Naval fue la única salida posible".
Por su parte, al cerrar las intervenciones el senador colorado Pedro Bordaberry expresó: "Ya se ha dicho todo a favor y en contra. El de hoy es un asunto grave para la República y entiendo que no puedo permanecer callado. Los hechos que han ocurrido en esta cámara hoy, la valentía de un senador que votará por sus convicciones, la renuncia a la banca de otro senador y la licencia de otro", precisó.
Añadió que el proyecto representa el camino del "pasado y no del futuro", "es un tema que nos separa". Destacó el cambio "en paz" de Sanguinetti, "la Comisión para la Paz" de Batlle y el "Nunca Más" de Vázquez.
"Lo hacemos a un costo enorme, no respetar la voluntad del pueblo. Se ha dicho que la ciudadanía no siempre tiene razón", puntualizó y añadió al evocar a José Batlle y Ordóñez: "No es que un pueblo nunca se equivoca, pero sí es el único que tiene derecho a equivocarse", afirmó.
Las diferencias que se registraron en la izquierda por el proyecto fueron resaltadas por Bordaberry, al indicar que "como en Quebracho, blancos, colorados y constitucionalistas vamos a terminar vencidos".
Según López Goldaracena, "es un instrumento que tendrá nuestra sociedad para no garantizar más la impunidad a los violadores de los derechos humanos".
"Antes que se sancionara la Ley de Caducidad, estamos hablando del invierno de 1986, habíamos advertido a nivel académico que si se llegaba a dictar cualquier ley, en aquel momento se hablaba de una Ley de Amnistía, cualquier ley que impidiera el juzgamiento de la práctica sistemática de la tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales cometidas por la dictadura, esa ley era ilegítima, tenía vicios de sustancia porque las soluciones políticas se encuentran siempre limitadas por el derecho", agregó.
Para López Goldaracena, "este Parlamento tiene la posibilidad de comenzar a enmendar lo que fue el error político de haber dictado una ley que amparara en la impunidad a criminales de lesa humanidad, removiendo la mochila que pesa sobre la sociedad uruguaya, que pesa sobre los propios militares, no se merece la generación de hoy tener una mochila que la marque, por el contrario".
"Creo en la paz y en la tolerancia, en la concordancia de todos sobre la base del Derecho. Y el Derecho hoy nos está mandatando por encima de diferencias políticas a remover los obstáculos de impunidad, alinear nuestro orden jurídico positivo o el derecho internacional de los derechos humanos, y con la Constitución de la República", sostuvo.
El legislador del Frente Amplio indicó que "por el derecho, para que los uruguayos sigamos construyendo una sociedad más (justa) a través del derecho y sin renunciar a los principios y valores de justicia a las víctimas para que 'nunca más'".
Asimismo, consideró que este tipo de leyes "son incompatibles con la letra y el espíritu de las convenciones internacionales suscritas por Uruguay y con las normas de Derecho Internacional de los derechos humanos a nivel universal y con las normas contenidas en la Constitución de la República".
Recordó el caso de condena a Uruguay de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aludió al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia "sobre estas normas de impunidad por las que se condenó a Uruguay".
López Goldaracena se refirió al pronunciamiento de "inconstitucionalidad" de las normas de impunidad en el caso de Nibia Sabalsagaray y "al mismo tiempo señaló la supremacía del Derecho Internacional y de los derechos humanos al respecto".
Manifestó que ya son 26 los casos en que la SCJ se pronunció por la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
"Fue un resultado reconocido, no impugnado en aquel momento, ninguno salió a desautorizar al general Seregni. Nadie lo dijo", manifestó Pasquet, quien recordó la figura del ex senador Gargano, "un hombre de carácter y energía para defender sus convicciones".
La legisladora socialista Mónica Xavier estimó: "No podemos confundir dos cosas: una, el reconocimiento de los resultados en esas instancias de consulta popular, y otra que ahí termine de una vez y para siempre la lucha por la verdad y en contra de la impunidad".
Indicó que "no hay ninguna otra ley que haya pasado por esta doble instancia. Desde el punto de vista de legitimidad, no hay ley que pueda compararse a la Ley de Caducidad".
Pasquet se preguntó "por qué razón la mayoría la conforman los legisladores del Frente Amplio y puede decir esto, y la mayoría que conforman los centenares de miles de uruguayos que votaron a favor de la Ley de Caducidad no puede definir esto. ¿Están hechos de distinta materia que nosotros? Los legisladores del FA están dotados de poderes superiores a los del común de los uruguayos".
¿Qué fundamento tiene esto?". "Tiene fundamento", dijo Xavier.
"Respetamos la Ley de Caducidad porque respetamos el resultado", enfatizó.
Precisó que "no nos gusta la Ley de Caducidad. ¿Y qué van a pensar, que no íbamos a luchar por la justicia, que nos íbamos a quedar de brazos cruzados, que no íbamos a levantar a nuestra propia gente y decirle 'hay una esperanza', que en algún momento va a regir en este país que haya, por lo menos, verdad y justicia?".
Michelini dijo admirar la figura de Wilson Ferreira Aldunate y "quizá tenga una interpretación propia porque se votó la Ley de Caducidad y no lisa y llanamente una Ley de Amnistía". "Yo no creo que fuese una amnistía y parto de la base de que Wilson Ferreira Aldunate no quería impunidad", añadió Michelini.
Con esta iniciativa, "podemos estar restableciendo la justicia. No es una cuestión partidaria".
En parte de su intervención, Michelini recordó dichos del dirigente nacionalista Gonzalo Aguirre: "No se puede seguir ocultando la verdad".
"Hemos puesto nombres de calles a lo largo y ancho del país, hemos hecho monumentos, parques, plazas, y seguiremos de alguna forma homenajeando a las víctimas, pero el mayor homenaje que le podemos hacer a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a la sociedad entera, es hacer justicia", afirmó.
Estimó que "la Ley de Caducidad no se trató solamente de una ley de amnistía ni tampoco de impunidad porque no hubiese podido usarse para el procesamiento de varios jerarcas".
A su entender "estamos muy lejos de un proyecto de ley interpretativa. No consagra una mera interpretación. Se está planteando la anulación.
Se pretende ir a la anulación, borrarla del mapa".
La situación llevó a la izquierda a pedir un cuarto intermedio. El presidente del Senado, Danilo Astori, consideró que estaba cuestionada la actuación de la mesa de la Cámara alta y puso a votación el tema. Por 16 votos en 31 se respaldó lo actuado por la mesa. El proyecto ingresará a Diputados para ser aprobado el 4 de mayo, según el cronograma previsto por el FA. El senador Jorge Saravia no acompañó al oficialismo y votó también en contra del planteo de Astori. La aprobación de la iniciativa tuvo como primera consecuencia dentro del oficialismo la renuncia a la banca del senador Eleuterio Fernández Huidobro.
Solo una hora antes de que hiciera uso de la palabra en sala, el conductor de la CAP-L comunicó a algunos integrantes del FA su decisión de acatar la resolución de la dirección de la izquierda, pero que dejaría su banca por entender que se debía respetar "el resultado popular" de los dos plebiscitos.
La decisión del senador oficialista alteró el clima de la sesión, al convertirse en el hecho político más significativo, que opacó en parte la aprobación del proyecto.
La alteración se produjo no sólo porque la mayoría de sus compañeros de bancada no sabían que iba a renunciar a la banca, sino porque sus mismos argumentos fueron recurridos por la oposición hasta que concluyó la sesión.
Al conocer la decisión de Fernández Huidobro, el presidente José Mujica se trasladó al Parlamento para reunirse con el legislador renunciante (ver nota aparte). Unos minutos antes, al ingresar a la sala para hacer uso de la palabra, Fernández Huidobro estuvo acompañado por sus dos secretarios y los diputados Carlos Gamou quien lo remplazará en la banca y Carlos Bouzas. No obstante, el primer suplente de Fernández Huidobro es el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, quien se estima que se mantendrá en el cargo.
La maratónica sesión de más de 12 horas estuvo signada por la defensa cerrada de los senadores de la coalición del proyecto interpretativo pese a la disidencia de Saravia y la discrepancia del propio Huidobro, quien calificó de "error" la iniciativa de la izquierda y los cuestionamientos de los legisladores de los lemas tradicionales. El también disidente Rodolfo Nin Novoa pidió licencia y en su lugar ingresó su suplente Gustavo Guarino. Blancos y colorados acusaron al FA de afectar "la democracia", no respetar el resultado de "las urnas" y sentar un precedente calificado de "grave". Ante la presencia de Macarena Gelman, dirigentes del PIT-CNT, familiares e hijos de desaparecidos y algunas decenas de personas que ocuparon las barras, el oficialismo optó por no hacer comentarios en sala sobre la actitud de Saravia y lamentó la decisión de Fernández Huidobro. Integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo anunciaron su decisión de remitir el caso de Saravia al Tribunal de Conducta Política del FA, a pesar de no ser la estrategia que pensaba llevar adelante el resto de los grupos de la coalición, que apuntaba a bajarle el perfil al tema. Por su parte, Saravia dijo a LA REPUBLICA que se ajustará a las consecuencias que adopte el FA, aunque dejó la puerta abierta para dejar la coalición. Admitió que su compromiso "es con el presidente Mujica, que fue quien me fue a buscar a mi casa para que me sumara al proyecto político. Mi compromiso es apoyar al Presidente". Informó además que se reunirá con el mandatario el lunes 25 de abril, en horas de la tarde, oportunidad en la que le presentará el proyecto que habilita a los integrantes de las Fuerzas Armadas a realizar funciones vinculadas a la seguridad en barrios problemáticos (ver nota aparte)". El "pacto del club naval" fue constantemente recurrido por los senadores blancos, los cuales no ahorraron críticas y reproches a la izquierda por haber aceptado la salida de la dictadura con el líder Wilson Ferreira Aldunate "preso y proscrito". Los colorados, en tanto, insistieron sobre "la inconstitucionalidad" del proyecto, evocaron en forma reiterada los hechos de violencia sucedidos en las décadas de 1960 y 1970, la teoría de "los dos demonios", y reprocharon que la izquierda a su entender solo haya atendido a las víctimas de la dictadura y no así a las de la guerrilla. En ese sentido, recordaron el proyecto avalado por el ex presidente Tabaré Vázquez, que contempla un resarcimiento económico a los familiares de quienes murieron víctimas de la guerrilla. López Goldaracena terminó las intervenciones pasadas las 22.20 horas, al señalar que "hoy más que nunca la opción es entre barbarie y derecho, el reafirmar la justicia como modelo innegociable", dijo quien ofició de miembro informante.
"Este proyecto interpretativo brinda un instrumento por el cual las normas de impunidad de la Ley de Caducidad serán removidas. Estamos cumpliendo con el derecho internacional de los derechos humanos. Todos saben que estoy convencido de que esta ley nunca debió haber existido", advirtió el senador. "La bancada mayoritaria entendemos que por el futuro debe ser votado y se convierta en ley antes del 20 de mayo, para tener un 20 de mayo sin impunidad", añadió el legislador... Por iniciativa del propio Saravia, la votación fue nominal. La moción fue afirmada además por el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga.
Durante el debate el dirigente blanco calificó de "mamarracho jurídico" a la Ley de Caducidad, pero al mismo tiempo advirtió que el proyecto del FA era "groseramente inconstitucional". Fustigó que se "violente la voluntad popular" y opinó que la actitud de la izquierda "afecta la calidad de la democracia". En una posición similar se pronunció el líder herrerista Luis Alberto Lacalle, quien consideró que los actos de violencia en el país se produjeron "por el veneno castrista que prendió", en referencia a la revolución cubana y a Fidel Castro.
Republicano
Previo al anuncio de la renuncia de Fernández Huidobro a la banca, Saravia realizó una argumentación en la que no escatimó críticas hacia el oficialismo. Sostuvo que la votación representaba una "violación a la Constitución". Recordó que apoyó y militó por los dos plebiscitos a favor de la derogación y anulación de la Ley de Caducidad, pero por su condición de "republicano" votaba en contra."No se puede interpretar al pueblo, es un ataque cívico al pueblo. Es un ataque a la credencial en el bolsillo. Es un atropello", advirtió. Con la Constitución en la mano, Saravia evocó a Wilson Ferreira y a Aparicio Saravia. "La democracia republicana se renueva con la garantía. Ese es el ser republicano", aseveró.
Guarino, en cambio, dijo que "hay senadores (por la oposición) muy preocupados por las consecuencias terribles que va a tener esta votación en el FA. Votamos sin violencia, porque es un tema especial, esencial para la convivencia democrática, porque si no se respetan los derechos humanos, difícilmente puedan desarrollarse sociedades sanas". "Voto con tranquilidad, sin unidad de acción no se puede avanzar. Por eso vamos a votar con convicción. Solo así se tienen partidos políticos fuertes.", expresó. "Creo que en una democracia representativa republicana es legitimo que el Parlamento vote una ley. No hay ilegitimidad alguna", alertó.
También defendió la actuación del ex presidente Tabaré Vázquez al resaltar que "el primer dictador y hasta el último están presos. No creemos en la teoría de los dos demonios", expresó Guarino.
En la misma línea el senador Luis Gallo consideró "que en democracia" no todo "es absoluto"·, en alusión al comentario de Vázquez respecto a que no siempre "la mayoría tiene razón". "La Ley de Caducidad es la violación más fragrante de los derechos humanos", dijo Gallo al citar opiniones de juristas. Esta ley debe ser letra muerta, no estamos vulnerando los principios constitucionales", precisó el senador de Asamblea Uruguay.
En tanto, el senador Luis Alberto Heber dijo que siempre el FA reprochará al Partido Nacional por haber apoyado la Ley de Caducidad, mientras que los blancos harán lo mismo por "el pacto del Club Naval".
Afirmó que su madre fue una "mártir" del régimen militar.
"¿Por qué no se quiso derogar? "¿Hubo un segundo pacto con los militares?", preguntó el senador nacionalista. Propuso que el proyecto sea puesto a consideración nuevamente de la ciudadanía, para que el resultado tenga legitimidad.
La socialista Mónica Xavier señaló que la decisión del FA de aprobar el proyecto tenía como objetivo a "los jóvenes y las madres" de las víctimas de la dictadura. Consideró que "el acuerdo del Club Naval fue la única salida posible".
Por su parte, al cerrar las intervenciones el senador colorado Pedro Bordaberry expresó: "Ya se ha dicho todo a favor y en contra. El de hoy es un asunto grave para la República y entiendo que no puedo permanecer callado. Los hechos que han ocurrido en esta cámara hoy, la valentía de un senador que votará por sus convicciones, la renuncia a la banca de otro senador y la licencia de otro", precisó.
Añadió que el proyecto representa el camino del "pasado y no del futuro", "es un tema que nos separa". Destacó el cambio "en paz" de Sanguinetti, "la Comisión para la Paz" de Batlle y el "Nunca Más" de Vázquez.
"Lo hacemos a un costo enorme, no respetar la voluntad del pueblo. Se ha dicho que la ciudadanía no siempre tiene razón", puntualizó y añadió al evocar a José Batlle y Ordóñez: "No es que un pueblo nunca se equivoca, pero sí es el único que tiene derecho a equivocarse", afirmó.
Las diferencias que se registraron en la izquierda por el proyecto fueron resaltadas por Bordaberry, al indicar que "como en Quebracho, blancos, colorados y constitucionalistas vamos a terminar vencidos".
"Nunca más"
El debate en la Cámara alta sobre la Ley de Caducidad se inició a la hora 10.29. El miembro informante fue Oscar López Goldaracena (Frente Amplio), quien puntualizó que "este proyecto de ley no es de nulidad de la Ley de Caducidad, es un proyecto de interpretación de la Constitución de la República, mediante el cual a través del artículo 72, las normas de impunidad de la Ley de Caducidad pasan a ser letra muerta". Desde las barras, decenas de personas mayormente jóvenes seguían atentamente el debate.Según López Goldaracena, "es un instrumento que tendrá nuestra sociedad para no garantizar más la impunidad a los violadores de los derechos humanos".
"Antes que se sancionara la Ley de Caducidad, estamos hablando del invierno de 1986, habíamos advertido a nivel académico que si se llegaba a dictar cualquier ley, en aquel momento se hablaba de una Ley de Amnistía, cualquier ley que impidiera el juzgamiento de la práctica sistemática de la tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales cometidas por la dictadura, esa ley era ilegítima, tenía vicios de sustancia porque las soluciones políticas se encuentran siempre limitadas por el derecho", agregó.
Para López Goldaracena, "este Parlamento tiene la posibilidad de comenzar a enmendar lo que fue el error político de haber dictado una ley que amparara en la impunidad a criminales de lesa humanidad, removiendo la mochila que pesa sobre la sociedad uruguaya, que pesa sobre los propios militares, no se merece la generación de hoy tener una mochila que la marque, por el contrario".
"Creo en la paz y en la tolerancia, en la concordancia de todos sobre la base del Derecho. Y el Derecho hoy nos está mandatando por encima de diferencias políticas a remover los obstáculos de impunidad, alinear nuestro orden jurídico positivo o el derecho internacional de los derechos humanos, y con la Constitución de la República", sostuvo.
El legislador del Frente Amplio indicó que "por el derecho, para que los uruguayos sigamos construyendo una sociedad más (justa) a través del derecho y sin renunciar a los principios y valores de justicia a las víctimas para que 'nunca más'".
Asimismo, consideró que este tipo de leyes "son incompatibles con la letra y el espíritu de las convenciones internacionales suscritas por Uruguay y con las normas de Derecho Internacional de los derechos humanos a nivel universal y con las normas contenidas en la Constitución de la República".
Recordó el caso de condena a Uruguay de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aludió al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia "sobre estas normas de impunidad por las que se condenó a Uruguay".
López Goldaracena se refirió al pronunciamiento de "inconstitucionalidad" de las normas de impunidad en el caso de Nibia Sabalsagaray y "al mismo tiempo señaló la supremacía del Derecho Internacional y de los derechos humanos al respecto".
Manifestó que ya son 26 los casos en que la SCJ se pronunció por la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.
Pronunciamientos
El colorado Ope Pasquet rechaza la iniciativa "porque se desconocen los dos pronunciamientos populares"."Fue un resultado reconocido, no impugnado en aquel momento, ninguno salió a desautorizar al general Seregni. Nadie lo dijo", manifestó Pasquet, quien recordó la figura del ex senador Gargano, "un hombre de carácter y energía para defender sus convicciones".
La legisladora socialista Mónica Xavier estimó: "No podemos confundir dos cosas: una, el reconocimiento de los resultados en esas instancias de consulta popular, y otra que ahí termine de una vez y para siempre la lucha por la verdad y en contra de la impunidad".
Indicó que "no hay ninguna otra ley que haya pasado por esta doble instancia. Desde el punto de vista de legitimidad, no hay ley que pueda compararse a la Ley de Caducidad".
Pasquet se preguntó "por qué razón la mayoría la conforman los legisladores del Frente Amplio y puede decir esto, y la mayoría que conforman los centenares de miles de uruguayos que votaron a favor de la Ley de Caducidad no puede definir esto. ¿Están hechos de distinta materia que nosotros? Los legisladores del FA están dotados de poderes superiores a los del común de los uruguayos".
¿Qué fundamento tiene esto?". "Tiene fundamento", dijo Xavier.
"Justicia"
El legislador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) calificó al de hoy como "día histórico"."Respetamos la Ley de Caducidad porque respetamos el resultado", enfatizó.
Precisó que "no nos gusta la Ley de Caducidad. ¿Y qué van a pensar, que no íbamos a luchar por la justicia, que nos íbamos a quedar de brazos cruzados, que no íbamos a levantar a nuestra propia gente y decirle 'hay una esperanza', que en algún momento va a regir en este país que haya, por lo menos, verdad y justicia?".
Michelini dijo admirar la figura de Wilson Ferreira Aldunate y "quizá tenga una interpretación propia porque se votó la Ley de Caducidad y no lisa y llanamente una Ley de Amnistía". "Yo no creo que fuese una amnistía y parto de la base de que Wilson Ferreira Aldunate no quería impunidad", añadió Michelini.
Con esta iniciativa, "podemos estar restableciendo la justicia. No es una cuestión partidaria".
En parte de su intervención, Michelini recordó dichos del dirigente nacionalista Gonzalo Aguirre: "No se puede seguir ocultando la verdad".
"Hemos puesto nombres de calles a lo largo y ancho del país, hemos hecho monumentos, parques, plazas, y seguiremos de alguna forma homenajeando a las víctimas, pero el mayor homenaje que le podemos hacer a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a la sociedad entera, es hacer justicia", afirmó.
"Anulación"
A las 14.05 el senador Eber Da Rosa (Alianza Nacional) se refirió al pacto del Club Naval a la salida de la dictadura, cuando "no se establecieron por escrito pautas en materia de derechos humanos. Unos dicen que fue pautado, otros que no, otros que estuvo 'sobrevolante', otros subyacente".Estimó que "la Ley de Caducidad no se trató solamente de una ley de amnistía ni tampoco de impunidad porque no hubiese podido usarse para el procesamiento de varios jerarcas".
A su entender "estamos muy lejos de un proyecto de ley interpretativa. No consagra una mera interpretación. Se está planteando la anulación.
Se pretende ir a la anulación, borrarla del mapa".
Senador Huidobro. "No hay argumento que justifique este disparate"
Renunció por "coherencia política"
Eleuterio Fernández Huidobro dijo anoche a LA REPUBLICA que renunció por "coherencia política" . Su decisión tomó por sorpresa a todo el Poder Legislativo. Recibió el saludo de dirigentes políticos de todos los partidos. Su banca será ocupada por su suplente inmediato, Carlos Gamou.Baja por convicción. Lucía opolansky saluda al senador Huidobro.
La oficializada renuncia a su banca hecha ayer por el senador Eleuterio Fernández Huidobro cayó como un piano de cola sobre la cabeza de todos los integrantes de la Cámara alta. Nadie llegó siquiera a sospechar que el legislador iba a tomar anoche esta decisión.
No obstante, ojos y oídos acostumbrados a la labor legislativa de algunos integrantes de este Poder del Estado hacían suponer que algo iba a acontecer en el preciso momento en que Fernández Huidobro fuera a intervenir en el debate sobre el proyecto de anulación de la Ley de Caducidad (ver nota principal páginas 4 y 5). Huidobro estuvo ausente durante gran parte de la sesión de la víspera, permaneciendo en su despacho escuchando desde allí el desarrollo de la sesión. Su suplente inmediato en la banca, el diputado Carlos Gamou, iba y venía por el ambulatorio hablando acalorada e incansablemente por teléfono. Y, días atrás, alguien comentó que el senador de la CAP-L había estado informándose y recabando datos burocráticos en la administración del Senado, relativos a la posibilidad de dejar su banca. Estas señales no habían sido percibidas por ninguno de sus colegas, a tal punto que el anuncio del senador Fernández Huidobro de abandonar su condición política era ignorada por todos. La propia senadora Lucía Topolansky confesó a un legislador que la noticia la tomó por sorpresa pero que valoraba la gallardía con que tomó la decisión y la expresó públicamente en sala. El presidente Mujica (ver nota aparte) también se hizo presente en el despacho del legislador renunciante. Al presidente, un senador lo había puesto en conocimiento de la noticia minutos después de haberse hecho pública. En Diputados, la noticia llegó como un soplo y generó que una andanada de representantes frentistas cruzara de punta a punta el edificio Legislativo para recabar más información o, llegado el caso, hablar con el senador renunciante. Huidobro dejó sentada su posición de votar el proyecto y de renunciar a su banca en los próximos días, una vez que su decisión sea transmitida en el seno de su sector político. Dijo esto y se retiró a su despacho de donde salió varias horas después para votar la iniciativa. A su oficina se acercaron varios legisladores de todos los partidos políticos. El primero en llegar fue el senador Jorge Larrañaga. "Fui a abrazarlo y a desearle suerte", comentó a este diario "y él me dijo, ya nos vamos a ver por ahí, guapo". En declaraciones exclusivas para LA REPUBLICA, luego de una conferencia de prensa, Fernández Huidobro dijo que renunciaba por "coherencia política". Agregó que considera que no puede salir a la calle, luego de haber juntado firmas y convocado a más de un plebiscito en los cuales no se logró la mayoría, por lo cual su renuncia es indeclinable. "Más allá de coincidencias o discrepancias, se trata de acatar el pronunciamiento popular o en su defecto llamarlo nuevamente en consulta", dijo. En su discurso afirmó que iba a respetar las mayorías y que por disciplina partidaria iba a votar personalmente el proyecto presentado por el FA, pero que "para respetar mi libertad" renunciaba a su banca como senador. "Acatamos, la disciplina partidaria, aunque nuestra fuerza política, la CAP-L aún no ha sido aceptada dentro de la estructura orgánica del Frente Amplio, para lo cual estamos recolectando firmas". El líder de la CAP-L sostuvo que al menos ahora se tuvo la oportunidad de discutir este proyecto de Ley modificado que antes, con otra redacción había sido votada en Diputados. Sin embargo, el Senado precisó que este proyecto está lleno de defectos y probablemente "y ojalá me equivoque será cuestionado ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucional". Recordó que "nuestra histórica corriente política votó en 1984 en minoría contra el Pacto del Club Naval y también en aquel entonces acatamos las mayorías". También advirtió que las expectativas de mucha gente que apoya este proyecto se van a ver defraudadas y admitió que dentro del FA no se aceptó la posición de la CAP-L para convocar a un nuevo plebiscito una vez aprobado el actual trámite parlamentario para el cual el FA tendría votos suficientes. "No hay argumento que justifique este disparate", dijo Fernández Huidobro. Anunció que en los próximos días se va a convocar a la dirección de la CAP-L para presentar su renuncia y preguntado si ella era indeclinable, respondió afirmativamente. Aclaró que por el artículo 115 de la Constitución basta un tercio de votos en el Senado para aceptar su dimisión, por lo que no necesita ni siquiera los votos del FA, aunque dijo que tenía la esperanza que sus compañeros le voten su pedido. Anoche, aceptando el mandato de disciplina partidaria de Frente Amplio, Huidobro sumó su voto al del Frente Amplio, en contra del proyecto de ley interpretativo.
Fuente: La Republica
No obstante, ojos y oídos acostumbrados a la labor legislativa de algunos integrantes de este Poder del Estado hacían suponer que algo iba a acontecer en el preciso momento en que Fernández Huidobro fuera a intervenir en el debate sobre el proyecto de anulación de la Ley de Caducidad (ver nota principal páginas 4 y 5). Huidobro estuvo ausente durante gran parte de la sesión de la víspera, permaneciendo en su despacho escuchando desde allí el desarrollo de la sesión. Su suplente inmediato en la banca, el diputado Carlos Gamou, iba y venía por el ambulatorio hablando acalorada e incansablemente por teléfono. Y, días atrás, alguien comentó que el senador de la CAP-L había estado informándose y recabando datos burocráticos en la administración del Senado, relativos a la posibilidad de dejar su banca. Estas señales no habían sido percibidas por ninguno de sus colegas, a tal punto que el anuncio del senador Fernández Huidobro de abandonar su condición política era ignorada por todos. La propia senadora Lucía Topolansky confesó a un legislador que la noticia la tomó por sorpresa pero que valoraba la gallardía con que tomó la decisión y la expresó públicamente en sala. El presidente Mujica (ver nota aparte) también se hizo presente en el despacho del legislador renunciante. Al presidente, un senador lo había puesto en conocimiento de la noticia minutos después de haberse hecho pública. En Diputados, la noticia llegó como un soplo y generó que una andanada de representantes frentistas cruzara de punta a punta el edificio Legislativo para recabar más información o, llegado el caso, hablar con el senador renunciante. Huidobro dejó sentada su posición de votar el proyecto y de renunciar a su banca en los próximos días, una vez que su decisión sea transmitida en el seno de su sector político. Dijo esto y se retiró a su despacho de donde salió varias horas después para votar la iniciativa. A su oficina se acercaron varios legisladores de todos los partidos políticos. El primero en llegar fue el senador Jorge Larrañaga. "Fui a abrazarlo y a desearle suerte", comentó a este diario "y él me dijo, ya nos vamos a ver por ahí, guapo". En declaraciones exclusivas para LA REPUBLICA, luego de una conferencia de prensa, Fernández Huidobro dijo que renunciaba por "coherencia política". Agregó que considera que no puede salir a la calle, luego de haber juntado firmas y convocado a más de un plebiscito en los cuales no se logró la mayoría, por lo cual su renuncia es indeclinable. "Más allá de coincidencias o discrepancias, se trata de acatar el pronunciamiento popular o en su defecto llamarlo nuevamente en consulta", dijo. En su discurso afirmó que iba a respetar las mayorías y que por disciplina partidaria iba a votar personalmente el proyecto presentado por el FA, pero que "para respetar mi libertad" renunciaba a su banca como senador. "Acatamos, la disciplina partidaria, aunque nuestra fuerza política, la CAP-L aún no ha sido aceptada dentro de la estructura orgánica del Frente Amplio, para lo cual estamos recolectando firmas". El líder de la CAP-L sostuvo que al menos ahora se tuvo la oportunidad de discutir este proyecto de Ley modificado que antes, con otra redacción había sido votada en Diputados. Sin embargo, el Senado precisó que este proyecto está lleno de defectos y probablemente "y ojalá me equivoque será cuestionado ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucional". Recordó que "nuestra histórica corriente política votó en 1984 en minoría contra el Pacto del Club Naval y también en aquel entonces acatamos las mayorías". También advirtió que las expectativas de mucha gente que apoya este proyecto se van a ver defraudadas y admitió que dentro del FA no se aceptó la posición de la CAP-L para convocar a un nuevo plebiscito una vez aprobado el actual trámite parlamentario para el cual el FA tendría votos suficientes. "No hay argumento que justifique este disparate", dijo Fernández Huidobro. Anunció que en los próximos días se va a convocar a la dirección de la CAP-L para presentar su renuncia y preguntado si ella era indeclinable, respondió afirmativamente. Aclaró que por el artículo 115 de la Constitución basta un tercio de votos en el Senado para aceptar su dimisión, por lo que no necesita ni siquiera los votos del FA, aunque dijo que tenía la esperanza que sus compañeros le voten su pedido. Anoche, aceptando el mandato de disciplina partidaria de Frente Amplio, Huidobro sumó su voto al del Frente Amplio, en contra del proyecto de ley interpretativo.
Juristas. Langón: está en riesgo la seguridad jurídica; Errandonea: dudas sobre idoneidad de su aprobación
Reacciones encontradas en ámbitos jurídicos
La aprobación en la Cámara de Senadores de un texto interpretativo del art.72 de la Constitución de la República, por la cual se pretende "dejar sin efecto" la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", generó reacciones encontradas en ámbitos jurídicos.
El abogado Juan Errandonea, querellante en la causa por la muerte de la militante de la UJC Nibia Sabalsagaray, aseguró que el principal efecto del texto interpretativo por el cual se deja sin efecto la Ley de Caducidad, será la extensión de los plazos de prescripción de los delitos cometidos durante los años de la dictadura.
La jurisprudencia actual de los Tribunales no cataloga los crímenes de la dictadura como delitos de lesa humanidad, lo cual supone la prescripción de todos los delitos el 1º de noviembre de 2011. Sin embargo, el actual texto interpretativo estipula que no pueden computarse los plazos de prescripción durante el período de vigencia de la Ley de Caducidad, es decir, entre el momento de su sanción parlamentaria y la aprobación del actual texto. "Ese era el gran temor y con esta norma se subsana", señaló Errandonea.
El abogado empero estimó que, si bien la aprobación del texto interpretativo puede despejar una serie de aspectos, puede "crear una gran cantidad de probables problemas jurídicos", los cuales serán dilucidadas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), particularmente en las causas que han sido archivadas por resolución del Poder Ejecutivo.
En este sentido, el abogado vaticinó que las posibles primeras acciones de inconstitucionalidad contra la norma serán tras el desarchivo de estas causas, por cuanto implicará su aplicación directa. "Es lógico (que se presenten acciones de inconstitucionalidad), me sorprendería que no lo hicieran", pero el tema lo dilucidará la Corte, dijo Errandonea.
Sin embargo, "tengo mis dudas que (el texto interpretativo) sea el mecanismo idóneo para llegar a la finalidad que se propone, (porque) no es una ley de interpretación sencilla, lo cual puede implicar grandes debates jurídicos que los terminará laudando la Corte". "Hasta que no salga la sentencia de la SCJ no podremos decir que sea idónea", valoró Errandonea.
Por su parte, el abogado y secretario general de OSE, Daoiz Uriarte aseguró que la aprobación del texto interpretativo implica "dejar sin efectos la Ley de Caducidad", tanto en los casos que puedan presentarse en el futuro como en los casos archivados por una decisión administrativa del Poder Ejecutivo".
En este sentido, Uriarte estimó que la norma aprobada "no afecta el principio de cosa juzgada", por cuanto "no ha existido nunca cosa juzgada, en la medida que el archivo administrativo del expediente no significa cosa juzgada, ya que el efecto buscado por la Ley de Caducidad era, precisamente, evitar que se llegara a juicio".
El dirigente oficialista, en tanto, defendió la constitucionalidad de la norma. "Es una ley que reconoce y hace efectivos los pronunciamientos de la SCJ y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual garantiza su constitucionalidad. Pero si alguien entendiera que no lo es, sólo deberá presentarse ante la Corte", señaló Uriarte.
En tanto, el abogado Miguel Langón (ex asesor jurídico del Centro Militar y representante legal del general Miguel Dalmao y el coronel (r) Tranquilino Machado, en causas por violaciones a los derechos humanos) cuestionó la aprobación del texto interpretativo, por contrariar la historia política y jurídica del Estado uruguayo.
Uruguay es "históricamente el país de las amnistías (...) del ni vencidos ni vencedores (...) de mirar al futuro", lo cual se consolidó durante la salida de la dictadura con el "Pacto del Club Naval", dijo Langón a LA REPUBLICA. En este sentido, el catedrático catalogó como "un error" el proyecto impulsado por el oficialismo, y manifestó su posición contraria desde el punto de vista jurídico, filosófico y como ciudadano.
La aprobación del texto "pone en riesgo" los principios de seguridad jurídica y certeza jurídica, por cuanto promueve la existencia de leyes con "carácter retroactivo" y consagra "la costumbre como fuente de derecho". Asimismo, el texto interpretativo atentaría contra el principio de irretroactividad de la ley penal y ne bis in idem (por el cual ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito).
"Entiendo que la actual coyuntura puede ser insatisfactoria para muchos, particularmente para las víctimas de la dictadura, pero no vale la pena por ello destruir el Estado de Derecho, violentando los esenciales principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal", señaló Langón.
Sin embargo, Langón prefirió no vaticinar cuales podrían ser los caminos jurídicos para impulsar la defensa de militares juzgados por crímenes de la dictadura, por cuanto aún no existe un texto definitivo. "Las posibles acciones positivas las definiremos después de conocer el texto. Hasta ahora sólo hay un proyecto muy discutido", señaló el abogado.
Por su parte, el abogado Edgardo Mikolic (asesor jurídico del Centro Militar) tampoco quiso adelantar posibles futuras acciones contra el texto interpretativo, aunque dejó entrever posibles acciones de inconstitucionalidad. "Eso sólo podrá definirse cuando se conozca el texto definitivo y si están de acuerdo mis defendidos", explicó Mikolic.
La jurisprudencia actual de los Tribunales no cataloga los crímenes de la dictadura como delitos de lesa humanidad, lo cual supone la prescripción de todos los delitos el 1º de noviembre de 2011. Sin embargo, el actual texto interpretativo estipula que no pueden computarse los plazos de prescripción durante el período de vigencia de la Ley de Caducidad, es decir, entre el momento de su sanción parlamentaria y la aprobación del actual texto. "Ese era el gran temor y con esta norma se subsana", señaló Errandonea.
El abogado empero estimó que, si bien la aprobación del texto interpretativo puede despejar una serie de aspectos, puede "crear una gran cantidad de probables problemas jurídicos", los cuales serán dilucidadas por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), particularmente en las causas que han sido archivadas por resolución del Poder Ejecutivo.
En este sentido, el abogado vaticinó que las posibles primeras acciones de inconstitucionalidad contra la norma serán tras el desarchivo de estas causas, por cuanto implicará su aplicación directa. "Es lógico (que se presenten acciones de inconstitucionalidad), me sorprendería que no lo hicieran", pero el tema lo dilucidará la Corte, dijo Errandonea.
Sin embargo, "tengo mis dudas que (el texto interpretativo) sea el mecanismo idóneo para llegar a la finalidad que se propone, (porque) no es una ley de interpretación sencilla, lo cual puede implicar grandes debates jurídicos que los terminará laudando la Corte". "Hasta que no salga la sentencia de la SCJ no podremos decir que sea idónea", valoró Errandonea.
Por su parte, el abogado y secretario general de OSE, Daoiz Uriarte aseguró que la aprobación del texto interpretativo implica "dejar sin efectos la Ley de Caducidad", tanto en los casos que puedan presentarse en el futuro como en los casos archivados por una decisión administrativa del Poder Ejecutivo".
En este sentido, Uriarte estimó que la norma aprobada "no afecta el principio de cosa juzgada", por cuanto "no ha existido nunca cosa juzgada, en la medida que el archivo administrativo del expediente no significa cosa juzgada, ya que el efecto buscado por la Ley de Caducidad era, precisamente, evitar que se llegara a juicio".
El dirigente oficialista, en tanto, defendió la constitucionalidad de la norma. "Es una ley que reconoce y hace efectivos los pronunciamientos de la SCJ y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual garantiza su constitucionalidad. Pero si alguien entendiera que no lo es, sólo deberá presentarse ante la Corte", señaló Uriarte.
En tanto, el abogado Miguel Langón (ex asesor jurídico del Centro Militar y representante legal del general Miguel Dalmao y el coronel (r) Tranquilino Machado, en causas por violaciones a los derechos humanos) cuestionó la aprobación del texto interpretativo, por contrariar la historia política y jurídica del Estado uruguayo.
Uruguay es "históricamente el país de las amnistías (...) del ni vencidos ni vencedores (...) de mirar al futuro", lo cual se consolidó durante la salida de la dictadura con el "Pacto del Club Naval", dijo Langón a LA REPUBLICA. En este sentido, el catedrático catalogó como "un error" el proyecto impulsado por el oficialismo, y manifestó su posición contraria desde el punto de vista jurídico, filosófico y como ciudadano.
La aprobación del texto "pone en riesgo" los principios de seguridad jurídica y certeza jurídica, por cuanto promueve la existencia de leyes con "carácter retroactivo" y consagra "la costumbre como fuente de derecho". Asimismo, el texto interpretativo atentaría contra el principio de irretroactividad de la ley penal y ne bis in idem (por el cual ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito).
"Entiendo que la actual coyuntura puede ser insatisfactoria para muchos, particularmente para las víctimas de la dictadura, pero no vale la pena por ello destruir el Estado de Derecho, violentando los esenciales principios de legalidad e irretroactividad de la ley penal", señaló Langón.
Sin embargo, Langón prefirió no vaticinar cuales podrían ser los caminos jurídicos para impulsar la defensa de militares juzgados por crímenes de la dictadura, por cuanto aún no existe un texto definitivo. "Las posibles acciones positivas las definiremos después de conocer el texto. Hasta ahora sólo hay un proyecto muy discutido", señaló el abogado.
Por su parte, el abogado Edgardo Mikolic (asesor jurídico del Centro Militar) tampoco quiso adelantar posibles futuras acciones contra el texto interpretativo, aunque dejó entrever posibles acciones de inconstitucionalidad. "Eso sólo podrá definirse cuando se conozca el texto definitivo y si están de acuerdo mis defendidos", explicó Mikolic.
Fuente: La Republica
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