Agroindustriales extranjeros compraron o arrendaron más de un millón de hectáreas de tierra en Bolivia en los últimos años. Los brasileros habrían adquirido cerca de 700 mil hectáreas; los argentinos, 100 mil hectáreas; y menonitas y japoneses, otras 200 mil has, la mayor parte en el mercado informal, revela el informe “Extranjerización de la Tierra boliviana” de la Fundación Tierra.
La concentración y extranjerización de tierras son fenómenos mundiales recientes, explicó el investigador y fundador de la Fundación Tierra Miguel Urioste al presentar algunos avances y conclusiones preliminares de su investigación “Extranjerización de la Tierra boliviana”.
Luego de la crisis alimentaria de 2007-2008, empresas del sector automotriz y transnacionales de países desarrollados o emergentes con alta demanda de alimentos y biocombustibles comenzaron a adquirir enormes extensiones en naciones pobres de África y América Latina.
En los últimos dos años, los suecos Black Herat Farming y Alpcot-Agro adquirieron predios en Rusia; la rusa Renaissance Capital, Morgan Stanley y el grupo británico Landkom compraron tierras en Ucrania; el Deutsche Bank y Goldman Sachs invirtieron en predios de China; el grupo saudí Savola, el mayor productor de aceite del mundo, puso el ojo en tierras de Sudán, Egipto y Ucrania, y transnacionales como Mitsubishi, Itochu, Mitsui, Marubeni y Sumitomo se hicieron del control de millones de hectáreas en el extranjero.
Algunos estudios señalan que países ricos con déficits alimentarios (mucha población y poca tierra) desconfían del mercado mundial como principal abastecedor de comida, y optan por comprar o alquilar tierras en el extranjero para cultivar los alimentos que requiere su población.
El capital financiero ve a Sudamérica como la principal zona para comprar y arrendar predios agrícolas. “Los negociantes salen a buscar nuevos objetos de especulación, especialmente tierras fértiles, agua y alimentos… Son capitales corporativos que no sólo buscan dar respaldo tangible a sus divisas vacías de valor, sino que descubren ahora que no pueden alimentar a su propia población y buscan enclaves en propiedad o arriendo”, denunció el Grupo de Reflexión Rural (GRR) de Argentina.
En septiembre de 2008 grandes procesadoras de aceite vegetal de India solicitaron tierras a los gobiernos de Uruguay y Paraguay para cultivar oleaginosas, trigo y lentejas. La principal refinadora de azúcar y productora de alcohol de India Shree Renuka Sugars adquirió 130 mil hectáreas en Brasil, en tanto que el grupo Walbrook compró cerca de 600 mil hectáreas en Argentina.
En la actualidad, el capital financiero y transnacionales del agronegocio monopolizan millones de hectáreas en América Latina destinadas a la producción de commodities de exportación: oleaginosas para la alimentación de ganado, agrocombustibles y en tercer lugar aceites y harinas para el consumo humano, señala Miguel Urioste.
En Brasil y Argentina, los inversionistas concentran tierras mayormente para el cultivo de soya y otras oleaginosas y derivados. En ambos países se cultivan cerca de 45 millones de hectáreas de soya. En los países pequeños del Mercosur ampliado (Paraguay, Uruguay y Bolivia), el proceso de extranjerización tiene una naturaleza regional que podría llamarse “latinoamericanización de la propiedad de la tierra”, ya que son cada vez mayores las superficies que pasan en “propiedad o arriendo” a ciudadanos brasileros y argentinos, en ese orden de importancia, observa Miguel Urioste.
En Paraguay, de 3 millones de hectáreas de soya cultivadas anualmente, 60% serían de propiedad de agricultores brasileros. En Uruguay se estima que en la última década se vendieron al menos 5,5 millones de hectáreas, el 25 por ciento de las áreas productivas del país, a sociedades anónimas privadas; del medio millón de hectáreas destinadas al cultivo de soya,casi la totalidad estaría alquilada a productores argentinos.
Según la investigación de la Fundación Tierra, el modelo soyero boliviano es diferente en varios aspectos, especialmente en cuanto a productividad. En Argentina y Brasil el rendimiento por hectárea es de casi 4 toneladas; en Bolivia, el promedio ronda las 2,5 TM/Ha. Por otro lado, los agroindustriales de Argentina y Brasil se rigen por las reglas del mercado, mientras que en Bolivia los productores se benefician con subsidios al precio del diesel de casi un 50%.
En Argentina, Brasil y Paraguay centenares de miles de pequeños productores aportan cerca del 30% del total producido; en Bolivia apenas unas 10 mil familias de pequeños productores campesinos –especialmente de zonas de colonización como San Julián, Yapacaní, San Pedro, Mineros y Cuatro Cañadas– aportan el 6% de la producción.
Los impuestos a la tierra y a las utilidadesen Brasil y Argentina aportan significativas y crecientes sumas al erario nacional (las llamadas retenciones); pero en Bolivia la contribución es muy marginal, dado que el impuesto a la tierra es irrisorio y no hay retenciones a las utilidades, resalta Urioste.
La extranjerización de tierras en Bolivia
El estudio de la extranjerización de la tierra en Bolivia “es muy novedoso porque no existen antecedentes sobre el tema y la información es muy escasa”, dice Urioste.
En Uruguay es notable el sistema de catastro y registro de transacciones que permite saber con precisión la nacionalidad de los propietarios, el uso que le dan a la tierra en cada campaña e inclusive el precio de las transacciones por hectárea.
Además, el ex presidente de Brasil Lula da Silva, José Mujica en Uruguay y Cristina Kirshner en Argentina pidieron a sus respectivos Congresos que elaboren legislación específica para restringir la descontrolada extranjerización de la propiedad agraria. Una comisión del Parlamento de Uruguay reanudó la elaboración de un anteproyecto de ley en febrero de 2011.
En Bolivia, en cambio, “estamos a una distancia de años luz para poder elaborar un sistema de información público con estas características”, lamenta Urioste.
“A pesar del discurso político gubernamental contrario al latifundio y al agronegocio, la inversión extranjera directa destinada a la compra de tierras continúa siendo protegida por el Estado. De hecho, desde 2006 hasta 2010 ninguna hacienda de ciudadanos argentinos o brasileros ha sido ‘avasallada’ por campesinos sin tierra, cosa que era muy común y frecuente antes del inicio de este gobierno”, relieva el investigador de la Fundación Tierra.
En su criterio, todas las normas agrarias, incluidas la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria de 2006 y la nueva Constitución de 2009, permiten la libre compra venta de tierras entre privados, independientemente de su nacionalidad, siempre y cuando el comprador extranjero resida en el país.
El mercado informal de tierras ha crecido en el país gracias al débil y poco claro marco jurídico y al insuficiente proceso de saneamiento de propiedades agrarias. Por ejemplo, hasta fines de 2010, la gran mayoría de las tierras de cultivo de soya en manos de nacionales y extranjeros no tenía títulos de propiedad en regla, pero muchas de ellas contaban con el Plan de Ordenamiento Predial (POP).
El POP debiera otorgarse únicamente a los portadores de títulos debidamente saneados, pero en la práctica no ha ocurrido así, ya que los poseedores de otros documentos (autos de vista, sentencias ejecutoriadas…) que demostrarían su pacífica posesión de tierras también han accedido a los POP, observa Urioste.
Sin embargo, la inseguridad jurídica que deriva de la falta de títulos de propiedad saneados por el Estado boliviano a través del INRA no ha desalentado el acaparamiento de tierras vía compra o alquiler a productores brasileros, argentinos y a algunos colombianos.
Así, los productores bolivianos optan en muchos casos por alquilar sus tierras a extranjeros y se convierten en “un vagón más del tren… (y) la locomotora del modelo soyero está en manos de extranjeros (…) Estamos hablando de unas 200 o 300 personas con gran poder de concentración de la propiedad de la tierra y del poder económico consecuente”, precisa Urioste.
La Fundación Tierra estima que cada año se cultivan casi un millón de hectáreas de soya en Bolivia, más de la mitad por empresarios brasileros, menonitas y otros extranjeros que controlan todo el proceso, desde la siembra y cosecha, la transformación, hasta la comercialización y exportación.
El fenómeno de la extranjerización de la tierra es más notorio en el departamento de Santa Cruz, donde el 52% de la tierra agrícola se destina a la producción de soya. En esa zona, más del 70% de la soya cultivada pertenece a propietarios de origen extranjero y el 30% a bolivianos.
Los brasileros son los mayores productores de soya en Santa Cruz (40%), seguidos por menonitas (20%) y japoneses (7%). Según Urioste, los brasileros tienden a concentrar el negocio y disminuyela participación de menonitas yjaponeses.
Lo peor de todo es que las mejores tierras del oriente del país, en manos de argentinos y brasileños, se usan para producir soya de exportación en vez de trigo, maíz, arroz y otros alimentos necesarios para abastecer el mercado interno. Los inversionistas alegan que esos cultivos nos son “atractivos” porque el mercado boliviano es muy pequeño, y pagan impuestos menores a los que aportan otros negocios.
Según Miguen Urioste, “es una paradoja que en pleno proceso de cambio y de aplicación de una Reforma Agraria que se reclama radical los bolivianos no podamos determinar qué cultivos alimenticios sembrar en las mejores tierras del país, porque las decisiones de qué y cuánto producir no están en manos del gobierno sino de los productores que acuerdan sus inversiones con criterios exclusivos de rentabilidad en base a la tasa de ganancia determinada por el precio internacional de sus exportaciones”.
A mediados de febrero de 2011, el gobierno boliviano prometió que expropiaría al menos un millón de hectáreas en manos de extranjeros, pero hasta ahora no dice cuándo comenzará ni quiénes serán los afectados.
Con información de
http://www.grain.org/m/?id=216
http://www.grain.org/briefings/?id=214
www.farmlandgrab.org
http://www.ftierra.org/ft/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=96&Itemid=115
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