Por Jorge P. Colmán (*) El jueves próximo en el Juzgado de San Martín se dictará sentencia para el ex-comisario Luís Abelardo Patti, su enjuiciamiento y condena son una deuda para la justicia y el Estado, y fundamentalmente para con aquellos que sufrieron directa o indirectamente los atropellos de una dictadura criminal.
El juicio oral y público comenzó en septiembre de 2010, y estuvo a cargo del Tribunal Nº 1 de San Martín, integrado por los jueces Lucila Larrandart, Marta Milloc y Horacio Sagretti. Se juzga la participación de los genocidas por los delitos de secuestro, aplicación de tormentos y el homicidio del militante de Montoneros Gastón Roberto José Gonçálves; el secuestro e imposición de tormentos al ex diputado nacional peronista Diego Muníz Barreto y su secretario, Juan José Fernández; el homicidio agravado de Muníz Barreto y la tentativa de homicidio de Fernández; el allanamiento ilegal en la casa de la familia D´Amico y la privación ilegal de libertad de los hermanos Guillermo David y Luis Rodolfo D´Amico y sus padres Josefina Molina y Luis D´Amico; el secuestro de Carlos Daniel Souto y el de Osvaldo Tomás Ariosti.
Luis Patti es un símbolo de la represión policial, pero a diferencia de otros represores, es una referencia de la derecha pro-dictadura y los partidarios de hacer orden a los palos. En este doble carácter represor-referente político ejerció la representación que un sector de la población le otorgó, fue electo intendente del Partido de Escobar y diputado nacional, llegó a ser candidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires por un partido que el mismo fundó (PAUFE), su estrella política se opacó cuando llegó el Frente para la Victoria al poder y tomó como política de Estado los DDHH, negándole la posibilidad de asumir la banca de diputado.
Para que tal cosa ocurriera existen complicidades que la jornada del jueves merece reflexionar. El Estado, la justicia y la prensa cargan con esa enorme deuda y son responsables de que personas acusadas de genocidio puedan presentarse como candidatos de la democracia. El electorado adoleció de información, la desmemoria sistemática impuesta por los medios oficiales y privados, y un pensamiento autoritario que coexistió a la masacre permitieron semejante injusticia. Sus víctimas sufrieron una doble pena, los tormentos y la muerte, y la condena social de que “algo habrán hecho”, cruel síntesis instalada a fuego en la mente de aquellos que absorbieron el pensamiento dictatorial de que los “argentinos somos derechos y humanos”.
La bandera de la seguridad a cualquier costo siempre fue funcional a las necesidades de aquellos que necesitaban ocultar nuestro pasado, pero ha sido y es la muletilla que le permite a la derecha pedir “mano dura” para aquellos a los que la dictadura señaló como el enemigo: La clase obrera y los sectores defensores de sus derechos. No importa si los índices de criminalidad en la argentina sean los más bajos, incluso que de los EEUU. Lo que importa para estos es defender privilegios ganados a costa de la sangre y el sudor de los más humildes, para no reparar las deudas sociales de años de dictadura y neoliberalismo. No es casual entonces que Carlos Menem lo eligiera para cubrir el crimen de María Soledad Morales, una investigación vergonzosa, para defender y cubrir los crímenes de los poderosos. Esta fue la función de Patti: reprimir, asesinar y ocultar el robo/saqueo de empresarios nacionales y multinacionales, lo demás solo palabrerío.
Luis Patti creyó que la historia lo juzgaría y no la justicia, los poderosos que lo apañaron ya no están en el poder y los que se beneficiaron económicamente hacen un inquieto silencio. Ellos también deberán en algún momento estar frente al banquillo de los acusados y decir porque generaron estos monstruos. Luís Patti será sentenciado y nosotros seremos testigos de su culpa, no solo la historia.
(*) Miembro de la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo y responsable de Malvinas Argentinas de la Iniciativa Latinoamericana de Identificación de Personas Desaparecidas
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