Los organismos de derechos humanos chilenos protestaron hoy por los beneficios carcelarios otorgados por el gobierno de Sebastián Piñera al general Odlanier Mena, responsable de múltiples asesinatos.
La medida, que favorece desde febrero al jefe de la policía secreta de Augusto Pinochet, fue por otro lado defendida por parlamentarios oficialistas que sirvieron a la dictadura.
"Si este gobierno está aplicando las leyes con igualdad de condiciones para todos los chilenos me parece excelente", dijo el diputado Alberto Cardemil, ex viceministro del Interior de Pinochet.
"Ha habido una ley no escrita que está animada, más que por deseos de justicia, por deseos de venganza, por la cual ningún ex uniformado debiera salir de la cárcel", se lamentó el diputado de Renovacion Nacional, el partido de Piñera.
Las palabras de Cardemil fueron de inmediato rechazadas por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.
"Que hable Cardemil es como que hable el mismo Pinochet, hable el mismo Manuel Contreras, hable el mismo Odlanier Mena. No hay diferencias entre Cardemil y ellos", fustigó.
Piñera, que como candidato mantuvo una reunión con cientos de ex militares procesados por violaciones de los derechos humanos, defendió varias veces la idea de dar beneficios a los represores.
"Vamos a explorar y conversar en el Congreso la posibilidad de que (...) mayores de 80 años y personas con enfermedades terminales (...) puedan pasar sus últimos meses no en una cárcel, sino que recluidos en sus domicilios", dijo en una gira en España.
Hoy sólo 65 de los cientos de violadores de los derechos humanos cumplen reclusion efectiva, aunque otros 700 están procesados en diversos juicios.
Durante la dictadura (1973-1990), más de 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas por los represores, según informes oficiales. Otras 50.000 padecieron torturas.
DPA.-
La medida, que favorece desde febrero al jefe de la policía secreta de Augusto Pinochet, fue por otro lado defendida por parlamentarios oficialistas que sirvieron a la dictadura.
"Si este gobierno está aplicando las leyes con igualdad de condiciones para todos los chilenos me parece excelente", dijo el diputado Alberto Cardemil, ex viceministro del Interior de Pinochet.
"Ha habido una ley no escrita que está animada, más que por deseos de justicia, por deseos de venganza, por la cual ningún ex uniformado debiera salir de la cárcel", se lamentó el diputado de Renovacion Nacional, el partido de Piñera.
Las palabras de Cardemil fueron de inmediato rechazadas por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro.
"Que hable Cardemil es como que hable el mismo Pinochet, hable el mismo Manuel Contreras, hable el mismo Odlanier Mena. No hay diferencias entre Cardemil y ellos", fustigó.
Piñera, que como candidato mantuvo una reunión con cientos de ex militares procesados por violaciones de los derechos humanos, defendió varias veces la idea de dar beneficios a los represores.
"Vamos a explorar y conversar en el Congreso la posibilidad de que (...) mayores de 80 años y personas con enfermedades terminales (...) puedan pasar sus últimos meses no en una cárcel, sino que recluidos en sus domicilios", dijo en una gira en España.
Hoy sólo 65 de los cientos de violadores de los derechos humanos cumplen reclusion efectiva, aunque otros 700 están procesados en diversos juicios.
Durante la dictadura (1973-1990), más de 3.000 personas fueron ejecutadas o desaparecidas por los represores, según informes oficiales. Otras 50.000 padecieron torturas.
DPA.-
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