Documentos de la represión en poder de un oficial en Brasil

Un mayor retirado, responsable de la desaparición de opositores durante la dictadura, tenía archivos secretos en su casa. La policía brasileña halló documentos confidenciales en poder de Sebastião Curió, responsable de la desaparición de opositores políticos durante la dictadura (1964-1985), informó la Fiscalía en coincidencia con el 47 aniversario del golpe de Estado militar que implantó el régimen totalitario durante el cual fue presa la presidenta Dilma Rousseff. El Ministerio Público reveló que un paquete de papeles con el sello “confidencial” fue incautado en la casa de Curió, un ex oficial del ejército retirado con el grado de mayor, quien hace dos años confesó que decenas de guerrilleros fueron apresados con vida, asesinados y sus cuerpos desaparecidos. La justicia intenta dar con los documentos que permitan conocer el paradero de los cuerpos de los militantes de la Guerrilla de Araguaia (región amazónica), brazo armado del Partido Comunista de Brasil, desparecidos entre 1972 y 1975, dijo la fiscal federal Luciana Lourerio. Rousseff, que impulsa la creación de una Comisión de la Verdad, había reiterado esta semana que los familiares de los desaparecidos tienen derecho a saber dónde están sus cuerpos y a darles sepultura. Según los organismos de Derechos Humanos unos 400 opositores fueron asesinados o desparecidos y miles terminaron presos o debieron marcharse hacia el exilio.
La ministra de Derechos Humanos, Maria del Rosario Nunes, explicó que el proyecto de Comisión de la Verdad, que fue girado al Congreso por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva pero nunca recibió tratamiento parlamentario, busca una “reparación histórica y no se propone encarcelar” a los responsables de los crímenes. “Los voceros de los criminales intentan desvirtuar a la Comisión de la Verdad calificándola como revanchista, pero no tiene ese carácter”, dijo ayer el diputado Emiliano José. “Queremos que se siga el ejemplo de países como Argentina, que enfrentaron regímenes genocidas, queremos la verdad” agregó el parlamentario oficialista.
En Brasil aún rige la Ley de Amnistía, impuesta en 1979 por el dictador João Baptista de Figueiredo, por la cual la justicia no puede procesar a los acusados de violaciones de los Derechos Humanos, incluso a aquellos que admitieron haber sido parte activa del terrorismo de Estado, como Curió. El ex militar fue miembro del Servicio Nacional de Inteligencia y, tras ser uno de los jefes de la represión en la Amazonía, recibió el honor de que una localidad de la región fuera bautizada Curionópolis. Curió quedó detenido el martes bajo el cargo de tenencia ilegal de arma de fuego, porque al amparo de la amnistía no puede ser apresado por tortura y asesinato.
La detención de Curió “se tendría que haber producido hace muchos años, espero que ahora se avance rápidamente en la búsqueda de más documentos”, señaló Crimea de Almeida, integrante de la Comisión de Familiares y Muertos Políticos. Los papeles incautados al ex represor aún deben ser analizados, pero en hipótesis pueden desmentir a la cúpula de las Fuerzas Armadas, para la cual no existen archivos sobre la represión. “Yo fui el preso político que pasó más años en las cárceles de la dictadura, conozco y estudié sus métodos, no tengo dudas de que hay abundantes archivos de la represión”, dijo Jarbas Silva Marques.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA emitió en 2010 un fallo condenatorio contra el Estado brasileño por no haber investigado y condenado a los responsables de las muertes de Araguaia. El jurista brasileño Helio Bicudo, ex miembro de la CIDH, aseguró que Brasil es un caso “inédito, pues es el único país que forma parte de la OEA pero no acata los fallos de ese organismo multilateral”. Agencia ANSA