Las próximas elecciones presidenciales y congresales de abril en Perú ofrecen buenas razones para incorporar el debate sobre una Política Pública hacia los emigrados; tanto electorales, de coyuntura, como de fondo, estructurales, éticas, políticas y económicas.
Según informes oficiales de la ONPE, los emigrados representan un padrón electoral de cerca de 720.000 votantes, el 3.7% del padrón electoral total del Perú, más grande que los de regiones como Tacna, Tumbes y San Martín y suficiente para decidir una elección estrecha, como la de 2006. Entre los países con mayores porcentajes de votantes en el exterior se encuentran: Estados Unidos con 234.000, España con 120.000, Italia con 72.000, Chile 55.000, Japón con 30.000 y Venezuela con 28.000. Pero la influencia e interacción de estos votantes emigrados con los votantes en Perú es mucho más amplia. Estos 720.000 votantes en el exterior representan los intereses de un total de al menos 2.2 millones de peruanos residentes en el exterior, según cifras oficiales, que organismos especializados elevan a 3 millones. Más de la mitad de estos emigrados, el 52.4 %, son mujeres. Según estudios recientes, al menos dos familiares directos en Perú ligan sus intereses y reciben influencia de estos emigrados en el exterior, un total de 4 millones de peruanos más (aparte de los 2 millones de emigrados), residentes en Perú, interesados directamente en políticas públicas hacia los emigrados. De acuerdo con los resultados del IX Censo Nacional de 2007, en el Perú, 704.746 hogares presentan al menos un ex-miembro del hogar viviendo de forma permanente en otro país. Ello representa el 10.4% del total de hogares peruanos. A nivel nacional, apenas 3 distritos de un total de 1.834 no presentaron hogares con migración internacional (OIM –INEI: 2009: 8 y 93).
Desde la ética y la política, el Estado nación moderno, surgido a partir del siglo XVII en Europa, enfrenta crisis y desafíos múltiples a inicios del siglo XXI, uno de ellos es el de la inclusión de grandes sectores excluidos y de ampliación de la ciudadanía. En el caso de Perú, se trata, entre otras exigencias, de extender la igualdad de derechos ciudadanos a sus más de dos millones de emigrados en el exterior. La centralidad de un proyecto de desarrollo nacional incluyente, que genere empleo y bienestar para la población, incluyendo la posibilidad de retornar a los emigrados, es correcta, pero insuficiente. La migración no debe ser, como ahora, una compulsión por falta de expectativas, sino una opción libre y digna, como lo establecen las normativas internacionales de Derechos Humanos. No resulta ética y políticamente aceptable (ni tampoco favorable electoralmente) ofrecer a los emigrados la única alternativa de retornar al país o mantenerse sin derechos ciudadanos o con menos derechos ciudadanos, como ocurre ahora. Además de ser poco viable económicamente (según cifras oficiales, la población residente en el país tiene cerca de un millón de desocupados y la mitad de los ocupados –7 millones- están sub ocupados, en precariedad). Cada vez más, los avances, extensión y abaratamientos tecnológico comunicacionales hacen de la migración una realidad permanente (sólo en aviones comerciales, se mueve alrededor de la tierra, en promedio, un millón y medio de personas en todo momento, permanentemente). Además, estos millones de peruanos emigrados mantienen vínculos, identidad y aportes económicos hacia el Perú, constituyen de hecho una extensión del Perú y sus intereses en el mundo, así lo entendió la Asamblea Constituyente de 1979, que estableció por primera vez (disposición transitoria Quinta, número 7) el voto para los peruanos residentes en el extranjero. Se necesita ahora avanzar sobre ese paso.
Adicionalmente, estos emigrados aportan económicamente al país y el Estado, a través del envío de remesas en dinero. Con montos crecientes a lo largo de la última década, sólo disminuidos en 2009 pero acrecentados de nuevo, este año se remesaron 2.500 millones de dólares (Banco Mundial: 2010). En Perú, como en muchos otros países, este ítem supera el volumen de la inversión directa extranjera y el de ayuda externa al desarrollo, con el agregado que, a diferencia de ellas, no impone el cobro de utilidades superiores (tampoco contamina), ni condicionantes de uso. No es difícil hacer el cálculo de la “descompresión” sobre la economía, especialmente en materia de desempleo y, justamente, de niveles mínimos de consumo, que implican estas remesas. Curiosamente, el orden de magnitud de envíos de estas remesas al Perú, por países de residencia de los emigrados, es casi exactamente el mismo del orden de magnitud de votantes en el exterior. Desde Estados Unidos se envía el 40.7%, con 991 millones de dólares; España, 15.3% con 372 millones; Japón, 9.4% con 228 millones; Italia, 6.2% con 152 millones; y Chile, 4.3% con 105 millones, según informes del Banco Central de la Reserva del Perú. (OIM – INEI: 2009: 83 y 86). Sólo por concepto de Impuesto General a las Ventas – IGV, el Estado peruano recaudó directamente de los emigrados cerca de 500 millones de dólares. A cambio, hasta ahora, el Estado muestra medidas más efectistas y discursivas que reales, una crónica despreocupación por la defensa de sus derechos ante la comunidad internacional, y una insufrible ineficiencia en los servicios consulares y de documentación.
Se requiere entonces, junto a la centralidad de un proyecto de desarrollo nacional que incluya y dé bienestar a la población, eliminando las causas de la migración compulsiva por falta de oportunidades, una Política Pública hacia los emigrados que les restituya sus plenos derechos ciudadanos y fortalezca sus vínculos y aportes al país. Aportamos acá sólo algunos de los objetivos más importantes que ésta debiera incluir. En primer lugar, urge establecer la creación de Distritos Electorales en el Extranjero, que permita a los emigrados contar con sus propios representantes en el Congreso del país. Francia, Italia, Portugal y Croacia lo tienen desde hace décadas en Europa. Colombia y Ecuador ya lo tienen en América Latina, y lo discuten a lo menos otra veintena de países. Perú cuenta con 4 Proyectos de Ley para su creación, presentados al Congreso entre los años 2000 y 2006. Y ha sido promesa electoral demagógica, nunca cumplida después, de la derecha, el APRA y el fujimorismo. En segundo lugar, lograr con una política activa, incluir al Perú en los Acuerdos de Libre Residencia para los Nacionales de los Estados del MERCOSUR y Estados Asociados (Chile y Bolivia), de diciembre de 2002, en virtud de los cuales los nacionales de un Estado parte del MERCOSUR y asociados que deseen residir en otro Estado parte podrán obtener una residencia, mediante la sola acreditación de su nacionalidad. Pieza clave, imprescindible, para la integración suramericana, y que beneficiaría a un millón de emigrados peruanos. Finalmente, que Perú suscriba formalmente (y promueva activamente la suscripción de los demás países) la “Apostilla”, certificación del Convenio de La Haya de 1961, que reduce las múltiples legalizaciones de documentos a una sola válida en el exterior. Y otras que sería largo detallar, todas posibles y de enormes réditos económicos y políticos para un proyecto de Estado Nación incluyente, restableciendo los derechos ciudadanos de los millones de compatriotas en el exterior.
Enviado y escrito por Ricardo Jimenez y Lucía Mariana Alvites
· Sociólogo investigador chileno, especializado en migraciones e integración latinoamericana. Y socióloga investigadora peruana, magíster en género y estudios latinoamericanos. Miembros de diversas redes sociales internacionales.
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