Enviado por Gisela Carpineta el Sábado, 29/01/2011 - 23:19.
Año 3. Edición número 141. Domingo 30 de enero de 2011
Por Laura Musa, asesora General Tutelar porteña
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El ya reiterativo debate iniciado hace 13 años con el primer proyecto de Responsabilidad Penal Juvenil presupone una confrontación entre promover o no el cumplimiento estricto del derecho constitucional de acceso a la justicia y al debido proceso para los adolescentes que, entre los 14 y 16 años, sean imputados de un delito. Rechazan esta propuesta aquellos que prefieren mentirse sobre una realidad, que aquí y ahora, se está desarrollando frente a nuestros ojos. En la Argentina democrática hay unos 600 adolescentes menores de 16 años privados de libertad por “delitos” que nunca serán probados ni tendrán un debido proceso para defenderse, presentar pruebas, recusar testigos y apelar decisiones. Porque para una brutal hipocresía del lenguaje, conveniente para quienes quieren que todo siga igual, estos chicos son “no punibles”.
Se aprobó en el Senado un excelente proyecto de ley que debiera aprobarse en Diputados. Que sí sacaría a los adolescentes del oscurantismo de la protección y de la compasión sin reglas. ¿Por qué quienes se esconden en argumentos simplistas y falsos que les adjudican sólo a los adolescentes pobres la comisión de delitos, prefieren, para sí mismos, reglas constitucionales de procedimiento legal y para los chicos, “piedad” en institutos de menores, para cumplir condenas sin juicio previo? ¿Será que necesitan este estado de cosas para ejecutar programas de “reeducación” y llevar a delante un festival de “buenas” acciones que reproponen el denostado Patronato, mientras que para los adolescentes de clase media, la ley y los abogados obtienen la libertad inmediata planteando la ilegalidad de las medidas de privación de libertad?
Se aprobó en el Senado un excelente proyecto de ley que debiera aprobarse en Diputados. Que sí sacaría a los adolescentes del oscurantismo de la protección y de la compasión sin reglas. ¿Por qué quienes se esconden en argumentos simplistas y falsos que les adjudican sólo a los adolescentes pobres la comisión de delitos, prefieren, para sí mismos, reglas constitucionales de procedimiento legal y para los chicos, “piedad” en institutos de menores, para cumplir condenas sin juicio previo? ¿Será que necesitan este estado de cosas para ejecutar programas de “reeducación” y llevar a delante un festival de “buenas” acciones que reproponen el denostado Patronato, mientras que para los adolescentes de clase media, la ley y los abogados obtienen la libertad inmediata planteando la ilegalidad de las medidas de privación de libertad?
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