Una de las querellas afirma que la limitación de fechas la excluye de la comparación de los ADN

El abogado Pablo Llonto, querellante en la causa Noble, advirtió que la limitación en las fechas para la comparación de muestras de ADN para determinar si Marcela Noble Herrera es hija de desaparecidos, "excluye" a la familia Lanouscou-Miranda que él representa. Según el letrado, la decisión va a contramano del planteo que alguna vez hiciera Ernestina Herrera, quien había pedido que se comparen los datos genéticos sólo con las dos familias querellantes.

"La limitación que han puesto es mucho más de lo que en un momento de la causa pedía Ernestina Herrera de Noble, porque ella planteaba que se compare con las dos familias querellantes, y a la familia Lanouscou la excluye", explicó Llonto durante una entrevista radial.

Según el letrado, el 3 de septiembre de 1976 el Ejército atacó la casa de la familia Lanouscou Miranda y asesinó al matrimonio de Roberto Lanouscou y Bárbara Miranda y a sus hijos, Roberto de cinco años, Bárbara de cuatro y Matilde de seis meses de edad. La beba -siempre según la misma fuente- había sido secuestrada y la familia sospecha que podría tratarse de Marcela Noble Herrera.

Respecto de las fechas límites para la comparación de muestras, Llonto precisó que la niña "Matilde fue secuestrada el 3 de septiembre del `76 y en el caso de Marcela la fecha (limite de comparación) es 13 de mayo del `76".

Si bien ayer la Cámara Nacional de Casación Penal avaló la extracción sin consentimiento de muestras biológicas a los hijos adoptivos de la directora de Clarín, puso un límite temporal en la comparación con las que se encuentran en el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Para Llonto, "la segunda parte del fallo arruina la primera que es muy fuerte" y sostuvo que "el límite es muy corto y caprichoso, tomado de un expediente de adopción inválido". Según Llonto, los jueces "le tienen pánico al grupo Clarín" y agregó que "no entendemos por qué nadie le pone límite al Grupo"

Caso Noble: Casación Penal decide hoy sobre la extracción de sangre

Publicado el 2 de Junio de 2011

Por Gerardo Aranguren
La audiencia será al mediodía en Comodoro Py. Podrán transmitirla en directo todos los canales interesados. Abuelas de Plaza de Mayo convocó a participar de la lectura del fallo y a acompañar el reclamo de verdad y justicia. 
 Apartir de las 12, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal difundirá su decisión sobre la extracción de sangre a Marcela y Felipe Noble Herrera, ordenada hace más de cinco meses por la jueza Sandra Arroyo Salgado. Los jueces Raúl Madueño, Luis García y Guillermo Yacobucci resolverán si confirman o rechazan la decisión de la magistrada  que investiga si los jóvenes fueron apropiados por la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble.
La audiencia, que se realizará en la sala Amia de los tribunales de Comodoro Py, será pública y podrá ser trasmitida en directo por aquellos canales de televisión interesados, informaron desde el Tribunal. Mediante un comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en la causa que ya lleva diez años, convocó a participar de la lectura del fallo y a acompañar en el “reclamo de verdad y justicia”.
La semana pasada, la Cámara escuchó los argumentos de todas las partes sobre la extracción de sangre, saliva o cabellos “con o sin consentimiento” ordenada en diciembre de 2010.“El fallo de primera instancia y la confirmación en la Cámara Federal de San Martín hacen una aplicación acertada del artículo 218 bis, y creemos que la medida es constitucional”, sostuvo el fiscal Raúl Pleé, quien remplazó al cuestionado Juan Martín Romero Victorica.
Los letrados de Marcela y Felipe, Alejandro Carrió y Roxana Piña, cuestionaron la constitucionalidad y legalidad de la medida dispuesta por Arroyo Salgado, por lo que pidieron que se revoque el fallo. Los abogados consideraron que “los derechos de  Marcela y Felipe no han sido tomados en cuenta”, aunque evitaron referirse a los derechos de los familiares y de la sociedad de conocer qué sucedió con las personas desaparecidas durante la última dictadura.
También consideraron “falso” que hayan sido los jóvenes quienes dilataron la causa durante diez años: “Ellos hicieron el ofrecimiento en 2003 para comparar con las dos familias querellantes, fue aceptado por el juez y no sucedió por la apelación de las familias querellantes”, señaló Carrió.
Lo que no dijo Carrió fue luego remarcado luego por Abuelas de Plaza de Mayo, y los abogados Alcira Ríos y Pablo Llonto, quienes representan a las familias García Gualdero y Lanouscou Miranda. Recordaron que el ofrecimiento de los jóvenes fue para realizar el análisis en el cuestionado Cuerpo Médico Forense y no en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) como lo marca la ley, para comparar sólo con las familias querellantes y bajo el pedido de que luego las muestras fueran destruidas.
“La medida es legal, constitucional y se ajusta a los estándares constitucionales. Si, como dicen, no son hijos de desaparecidos no veo razones para que no se realicen el examen. El problema es que hay sobrados elementos para sostener esa hipótesis”, señaló Alan Iud, de Abuelas. El abogado recordó que una medida idéntica a la que cuestionan había sido dispuesta por el juez de instrucción Conrado Bergesio y nunca fue apelada por Marcela y Felipe.
Alcira Ríos hizo un raconto de la historia de la causa y manifestó que “sólo resta que la justicia entienda que hay dos intereses contrapuestos: uno busca verdad, justicia y la liberación de las víctimas y otro la impunidad”. Llonto, por su parte, consideró una “locura” los dichos de Carrió y acusó a  los abogados y al Grupo Clarín de utilizar “a Marcela y Felipe como un escudo para proteger a Ernestina Herrera de Noble”. Destacó además que Felipe hace poco fue padre y que su hija Morita “también es víctima y tiene derecho a conocer quiénes fueron sus abuelos”. “Alguien les tiene que poner un nunca más a las dilaciones, un nunca más a las mentiras, para conocer la verdad de Marcela y Felipe”, finalizó el abogado. <
Fuente: Tiempo Argentino

El Consejo de la Magistratura tratará el jueves ( por hoy) la citación al camarista Otilio Romano

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El ex juez Otilio Romano deberá comparecer.

 

En el marco del tratamiento del expediente 372/2010, caratulado “Morales, Elba Lilia c/Dr. Otilio Roque Romano”, proyecto presentado por el abogado Hernán Ordiales, el Consejo de la Magistratura decidió tratar en su orden del próximo jueves 2 de junio la citación al juez Otilio Irineo Roque Romano.

 

 

Finalmente, el Consejo de la Magistratura decidió tratar en su orden del día del jueves 2 de junio la citación al juez Otilio Irineo Roque Romano.

El llamado está relacionado con la presentación que oportunamente se presentó ante ese cuerpo donde se pidió la "destitución y/o remoción" del ex magistrado junto a su colega Luis Francisco Miret.

En ese escrito se hace referencia al "desconocimiento inexcusable del derecho, incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, negligencia grave reiterada y realización de actos de manifiesta arbitrariedad" en el que habría incurrido ambos magistrados durante los años de la última dictadura militar, en los que se desempeñaban en la Justicia Federal como fiscal y juez de instrucción y hoy integran la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Así se desprende de un amplio informe de más de 30 fojas, donde se detallan conductas y pruebas y se pide que "se investigue la posible comisión de delitos de acción pública que habrían sido cometidos en el marco de los crímenes contra la humanidad que se ejecutaron en la Argentina".

Y profundizan el reclamo al asegurar que estos funcionarios judiciales "tenían perfecto conocimiento de las gravísimas violaciones de los derechos humanos de las personas que eran detenidas y puestas a su disposición. Han omitido todo control sobre las fuerzas represivas, han permitido la privación y detención de personas que fueron torturadas, otras violadas, bajo procesos que repugnan el derecho penal".

Agregando más adelante que en su condición de fiscal y juez, Romano y Miret, "tenían amplísimas facultades y poderes para detener, averiguar todas las circunstancias que les fueron puestas en su conocimiento. Pero por el contrario omitieron denunciar lo que se les informaba por los detenidos y sólo se preocuparon por la persecución penal contra las personas detenidas...".

También se pone el ejemplo del abogado penalista Efraín Quevedo Mendoza, que en aquel tiempo debió renunciar a una defensa ante la "imposibilidad de tomar contacto con sus representados", en razón de las disposiciones vigentes en la penitenciaria provincial donde estaban alojados y "las instrucciones impartidas por el Juzgado, lo cual hace imposible el debido ejercicio de la defensa técnica".

Más adelante se hace mención a torturas, golpes, incomunicaciones que recibieron algunos detenidos, uno de ellos aún desaparecido y el caso de una menor, que fue "paseada" por distintas dependencias y que terminó siendo "indebidamente incomunicada, lo que facilitó su violación y tortura".

La presentación lleva la firma, de María del Carmen Gil de Camín y Elba Morales, apoderados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Regional Mendoza, con el patrocinio legal de los profesionales Pablo Gabriel Salinas, Viviana Laura Beigel, Alfredo Guevara Escayola, Carlos Varela y Diego Lavado.

 

Fuente: http://www.mdzol.com

El Frente Amplio ante el debate de la ley de caducidad y la voluntad popular.

Veintitrés Internacional. El debate sobre el proyecto para dejar sin efecto la denominada Ley de Caducidad, que impide juzgar por violaciones de los derechos humanos a los integrantes de la última dictadura uruguaya, produjo un intercambio de cartas entre el presidente José “Pepe” Mujica –en contra de la derogación– y un grupo autodenominado “Frenteamplistas contra la impunidad”, entre los que se encuentran el escritor Eduardo Galeano y la intendenta de Montevideo, Ana Olivera. A continuación, las dos cartas.


La carta de Mujica
Queridos compañeros: 


Y más que nunca Queridos porque debemos ser sabios para manejar las discrepancias sin dejar heridas irreparables para la Unidad del Frente. (Lamentablemente hay gente que echó a la basura la advertencia. Esto surgió después en los medios.) 
Quiero sólo decirles lo que pienso para que seamos responsables y carguemos con las consecuencias. No espero ningún cambio. Los dados están echados y en parte el daño al futuro político del Frente está hecho.
Opinión: 
1. En materia global de Derechos Humanos, ninguna conquista es más importante que la continuidad y la profundización del proyecto frenteamplista. Esto lo afirmo pensando en la inmensa mayoría de nuestro pueblo. De la permanencia futura al frente del país, dependerá que se sostengan los logros actuales y muchos otros todavía pendientes, pero posibles y necesarios.
2. Es a partir de esta visión que nosotros organizamos la visión de la realidad actual. Todo lo que afecte gravemente la imagen política del Frente ante la gente, todo lo que sirva como arma importante a la derecha en sus futuras campañas, conspira a la larga, contra los Derechos Humanos de nuestro Pueblo.
3. La ley de Caducidad es una carga histórica abominable. Desde el principio estuvimos contra ella. Relaté que estaba junto a (Luis) Rosadilla la noche que se aprobó la Ley de Caducidad (diciembre de 1986), funcionando en un Ejecutivo (del MLN-T) que por iniciativa del compañero (Diego) Picardo decidimos de inmediato una campaña de visitas políticas para ir al plebiscito. Unos cuantos días después el Partido Socialista tomó la iniciativa y así se procesó la primera consulta.
El segundo plebiscito, encontró resistencia táctica en muchos frenteamplistas del gobierno, que no veían lo de mezclar el tema en una campaña electoral. Recibí el planteo de (Zelmar) Chicho Michelini de hacer una gestualidad pública para ayudar en la juntada de firmas que estaba lenta. Lo hice, porque los hechos se impusieron. El Frente no estaba, pero estaba. Hasta hoy, nadie se hizo cargo del error de percepción pero de inmediato se responsabilizó a la fuerza política a la que impusieron la línea. Esta es una de las razones por las que hoy pido conciencia y responsabilidad. 
A las discrepancias no se las contesta con insultos, no hace al compañerismo.
Comparto la necesidad de su entierro. Pero no comparto el camino elegido porque en nuestra visión tiene peligros políticos tal vez insuperables. Rechazo el argumento divisionista de que discrepar con el camino elegido es igual a estar de acuerdo con la impunidad. Este argumento si se lo profundiza resulta peyorativo y reaccionario hacia las grandes mayorías que por diversos motivos no nos acompañaron en los plebiscitos. Es un insulto indirecto a nuestro pueblo y considero que los compañeros que piensan así lo hacen porque se fanatizan en una lucha larga y obnubilan su racionalidad. Si nos equivocamos, si no es por “calentura” es mucho peor. Estamos rotos aunque falta lo formal. 
4. ¿Cuál es la discrepancia con el camino elegido?
Aparecer ante nuestro pueblo pasándole por arriba a dos plebiscitos. No hay batería argumental entendible que nos pueda defender ante las futuras andanadas de la derecha. Le hemos fabricado una espléndida espada a nuestra oposición para que nos decapite. Todas las explicaciones que pretendamos dar son ininteligibles para nuestro pueblo. 
Estamos muy lejos en años, de elegir nuestra futura fórmula pero sí nos encargamos ya de embarrarle la pista. Asumamos desde hoy. Yo lo veo así compañeros y sé que los dados están echados. 
5. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué forzamos este camino? ¡Cómo es posible el desprecio hacia los plebiscitos, esa filtración casi libertaria en nuestro orden institucional! Filtración que nos permitió derrotar al neoliberalismo en su apogeo, porque además sumamos flexibilidad política e hicimos Alianzas, que algunos no comprendieron y salvamos las Empresas Públicas, cómo se parecen hoy algunas actitudes y epítetos que se usaron entonteces contra la decisión lúcida de la mayoría del FA. Recordemos, ayer tuvimos la madurez que hoy perdimos. ¿Por qué? 
6. La explicación humana que me doy es que la siembra dolorosa que con sus procedimientos hizo la dictadura dejó no sólo la sed de justicia, sino que construyó odio implacable que ciega el razonamiento. La extrema derecha políticamente derrotada, sin proponérselo por nuestra reacción apasionada que obvia a los plebiscitos, le regala a la derecha institucionalizada una herramienta formidable. ¿Juntarán firmas, nos tendrán años discutiendo? ¿Y el porvenir? En vez de injurias nos deben convencer de que el camino elegido no empaña gravemente a la imagen del Frente.
7. Podría sumar otros argumentos pero no lo haré. No incursiono en lo jurídico, me queda grande.
Aclaro paradójicamente que deseo fervorosamente estar equivocado y que no es tan grave el handicap que damos.
8. Reafirmo mi repulsa en general al mecanismo del veto. Nunca lo usaría, salvo que el Frente me lo pidiera, esto como criterio general para cualquier decisión.
9. Las tensiones, angustias institucionales, etc., que podrían sobrevenir, me parecen secundarias porque valoro la madurez del país. Siempre las enfrentaremos juntos. Nuestra preocupación central está en la continuidad del proyecto frenteamplista. Ya nos salió cara esta decisión. No sumemos más costos.


La carta frenteamplista
Queridos compañeros, queridas compañeras:


Una vez más se plantean debates dentro de nuestro Frente Amplio sobre la mejor forma de erradicar la Ley de Caducidad y sus efectos. Esto nos sorprende, porque el Plenario Nacional estableció un claro mandato a nuestros legisladores, aprobado sin votos en contra y con sólo tres abstenciones, que ya fue cumplido en la Cámara de Senadores, pero la discusión es un hecho y debemos afrontarla.
En los últimos días el compañero José Mujica, presidente de la República, ha sostenido que el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, elaborado por el Frente Amplio y aprobado por el Senado con votos frenteamplistas, pone en peligro la victoria que todos deseamos en 2014, y con ella la profundización del proceso de cambios iniciado desde que alcanzamos el gobierno nacional.
Durante el proceso de elaboración de ese proyecto interpretativo se tuvieron en cuenta diversas objeciones y propuestas, entre ellas las aportadas por el compañero José Korzeniak, experto en derecho constitucional. Si aparecen otras ideas, habrá que considerarlas con el mayor respeto, pero nos permitimos señalar que no es momento para improvisaciones en un asunto tan importante. Está bien que nos esforcemos por buscar la mejor solución posible, pero tengamos presente que demasiadas idas y venidas causan confusión y desánimo.
El fondo de la cuestión es que la legislación uruguaya incluye, desde diciembre de 1986, una norma inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales firmados por Uruguay. Una norma que permite la impunidad de delitos de lesa humanidad y cuyos efectos deben ser eliminados, por elementales razones éticas y porque así lo decidió, en marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy debe quedar claro que nuestra voluntad política de terminar con la impunidad sigue firme. Con ese objetivo, ya es hora de que el sistema judicial recupere las potestades que le arrebató la Ley de Caducidad, y que en los últimos años sólo ha podido ejercer cuando le dieron permiso desde la presidencia de la República.
La historia de la Ley de Caducidad es intrincada y llevamos muchos años atrapados en ella, por las malas artes de quienes quieren la impunidad y por nuestros propios errores. No soñemos con que hay un modo simple e indiscutible de resolver el problema. Si nos empeñamos en buscar una fórmula perfecta que no existe, el resultado puede ser que todo quede como está.
La impunidad fue impulsada con amenazas y engaños. Ahora se intentará mantenerla con recursos jurídicos y políticos. Es una señal de que hemos avanzado: sigamos adelante.
Nos dicen y nos dirán que la Ley de Caducidad fue respaldada por la mayoría de la población en el plebiscito de octubre de 2009, y que por ese motivo debemos dejarla en pie, que se ha vuelto invulnerable por la voluntad popular. Es un argumento eficaz pero mentiroso.
En ese plebiscito se votó con una sola papeleta, y por lo tanto sólo fue posible contar cuántos votamos en contra de la impunidad. Ignoramos cuántos estaban a favor, y seguramente muchas personas no pusieron el Sí rosado en el sobre porque no tenían una opinión formada. Se abstuvieron. Decir que esos fueron votos de apoyo a la Ley de Caducidad es como atribuir opinión definida a los encuestados que terminan en el casillero “no sabe/no contesta”.
No nos enredemos una vez más: la Ley de Caducidad es inconstitucional, como lo han señalado la Suprema Corte de Justicia, la Asamblea General y el Poder Ejecutivo; no puede ser contrario al derecho anular todos sus efectos, que nunca fueron legítimos.
Se ha dicho que la profundización del proyecto frenteamplista, en el tercer gobierno nacional consecutivo que todos queremos conquistar, es el mejor modo de defender los derechos humanos, que nada es más importante y que todo lo logrado se puede perder si, al aprobar el proyecto interpretativo, ponemos al FA en una situación vulnerable ante las críticas de otros partidos.
Discrepamos fraternalmente con ese punto de vista. No aceptamos que sea necesario elegir entre la continuidad y el contenido de nuestro proyecto de gobierno.
Sería un error grave, como elegir entre la libertad y la seguridad, entre el crecimiento y la distribución, entre la unidad y la diversidad, entre los cambios y la paz.
Uno de los enemigos más poderosos que enfrentamos está dentro de nuestras propias cabezas, y nos dice que no es posible escapar a esas alternativas, que no podemos pensar fuera de ellas.
Si nos convencemos de que debemos dejar por el camino nuestra identidad, no importará cuáles sean los resultados electorales: estaremos derrotados aunque ganemos.
De nuestra conducta en estos días dependen muchas cosas: respetar la memoria de quienes ya no están, y también cuidar la esperanza de los que vienen. Podemos hacerlo juntos, si no se nos olvida quiénes somos.
Eduardo Galeano, Margarita Percovich, Belela Herrera, 
Guillermo Chifflet, Ana Olivera, Daniel Viglietti, José Díaz, 
Zelmar Michelini (h), Marina Arismendi, 
Miguel Fernández Galeano... (siguen firmas).


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EL MUNDO › OPINION
Los límites de la voluntad popular


 Por Marcelo Ferreira *
El Congreso uruguayo decidió no anular la ley de amnistía de represores por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La decisión, adoptada por mínimo margen, avaló la postura del presidente José Mujica, quien consideró que la anulación implicaría aparecer ante el pueblo “pasándole por arriba a dos plebiscitos”.
En efecto, la ley 15.848 –o Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado–, promulgada en 1986 por un gobierno democrático, fue confirmada por el pueblo uruguayo en dos oportunidades (referéndum de 1989 e iniciativa popular de 2009), lo que constituye el único argumento visible a su favor, por cuanto nadie discute el hecho de su palmaria invalidez jurídica.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos...” (Caso Gelman vs. Uruguay; sentencia del 24 de febrero de 2011). Y la propia Suprema Corte de Justicia de Uruguay decretó su inconstitucionalidad en el caso Sabalsagaray Curutchet, Blanca Stela, del 19 de octubre de 2009.
Sentado ello, y por muy vigoroso que parezca el argumento de la primacía de la voluntad popular, verificamos que su aparente fuerza irresistible se desvanece inmediatamente.
La Corte Interamericana determinó que “el hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aun ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede legitimidad ante el Derecho Internacional... La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos... en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías..”. Y la Suprema Corte de Justicia de Uruguay sentó que “el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales (y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados) y la sujeción de los poderes públicos a la ley” (Caso Nibia Sabalsagaray Curutchet).
Estos pronunciamentos abrevan en las ideas del filósofo italiano Luigi Ferrajoli. Los derechos humanos “están sustraídos tanto a las decisiones de la política como al mercado... no son expropiables o limitables por otros sujetos, comenzando por el Estado: ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede privarme de la vida, de la libertad”. Tales derechos “forman la esfera de lo indecidible que sí y de lo indecidible que no”, y actúan como factores de legitimación y deslegitimación de las decisiones y de las no-decisiones. Y reitera que “ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad, o no decidir la satisfacción de un derecho social” (Derechos y Garantías. La ley del más débil, Ed.Trotta, Madrid, 2006).
En esa línea, y tal como destaca la Corte Interamericana, varios tribunales del mundo rechazaron la validez de plebiscitos en cuestiones que involucraran derechos humanos. En los EE.UU. la Corte Suprema rechazó un referéndum sobre matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de California, y expresó “los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a votación; no dependen de los resultados de elecciones” (Perry v. Schwarzenegger). Y en el caso Romer v. Evans anuló la iniciativa que habría impedido a los órganos legislativos adoptar una norma que protegiera a los homosexuales y lesbianas en contra de la discriminación. La Corte Constitucional de la República de Sudáfrica negó un referéndum sobre la pena capital por considerar que una mayoría no puede decidir sobre los derechos de la minoría (Constitutional Court of South Africa, State v. T Makwanyane and M Mchunu). Y la Corte Constitucional de Eslovenia rechazó la posibilidad de realizar un referéndum que pretendía revocar el estatus de residencia legal de una minoría (caso de los “Erased”).
En definitiva, el respeto de los derechos humanos no está sujeto a reglas mayoritarias. Y la decisión del Congreso uruguayo no es el fin del camino, porque la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado volverá a plantearse una y otra vez ante los tribunales, hasta que las víctimas y todo el pueblo uruguayo obtengan la justicia con memoria que tanto merecen.
* Profesor titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Fuente: Pagina12, martes
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DOS POSIBILIDADES. SE REALIZARÍA CASO A CASO O TODAS A LA VEZ POR DECRETO


Estudian desarchivar las 80 causas de DDHH
Desarchivar la totalidad de los casos ya incluidos en la Ley de Caducidad o proceder uno por uno, es la duda del Poder Ejecutivo. Siguen las excavaciones en el Batallón Nº 14. Mujica exhortó a "bajar el perfil".
Breccia. Hay unos 80 casos de denuncias amparadas por la caducidad.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, indicó que el Ejecutivo está estudiando cómo proceder con los casos amparados en la Ley de Caducidad en gobiernos anteriores, a raíz del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las reiteradas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que sostienen la inconstitucionalidad de la ley.
El jerarca gubernamental fue abordado por la prensa tras la ceremonia de entrega del premio a la atención ciudadana a la Torre de las Comunicaciones.
Breccia estimó en unos 80 casos las denuncias que fueron incluidas como amparadas en la Ley de Caducidad y explicó que en algunas de ellas se repiten los nombres de personas, por lo que sería necesario revisar esos expedientes para conocer la verdadera cantidad de casos.
Breccia sostuvo que el gobierno duda entre dos soluciones. Una sería aprobar un decreto para desarchivar y abrir la posibilidad de que la Justicia vuelva a recibir las denuncias e investigar todos los casos ya amparados en la Caducidad; la otra posibilidad es actuar caso por caso.
Sostuvo que si se opta por un decreto que incluya a todos los casos en su conjunto, corresponderá después que la Justicia decida si desarchiva y el juez de la causa resolvería si investiga.
Explicó que en el único caso en el cual el gobierno fue consultado, el del militante comunista Alvaro Balbi, asesinado en 1975, se procedió de inmediato a su desarchivo.
Agregó que en cada caso que los familiares soliciten el desarchivo, como en el caso Balbi, se actuará de la misma manera, comunicando esa decisión a la Justicia.
Breccia señaló que el gobierno sigue trabajando para darle cumplimiento a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Gelman.
Por otra parte, aclaró que las excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos iniciadas nuevamente en febrero de este año continúan en el Batallón 14.
Dijo que en la reunión del Consejo de Ministros del pasado lunes, el presidente de la República, José Mujica, exhortó a un compás de espera en este tema, teniendo en cuenta que hay demasiada susceptibilidad, y recomendó bajar el perfil en la divulgación del caso. Insistió en que el gobierno busca soluciones con mucha calma.
El prosecretario de la Presidencia subrayó que los temas prioritarios del Ejecutivo son la infraestructura del país y en especial de AFE, el apoyo logístico a las telecomunicaciones, la educación y la seguridad, a los que consideró temas del país real.
Breccia señaló que el presidente Mujica ha manifestado que más allá de la importancia del tema de la Ley de Caducidad y su vigencia, su discusión ha distraído a la fuerza política del gobierno de otros temas igualmente importantes. La ciudadanía está esperando resultados concretos de las políticas del gobierno en todas las áreas, subrayó.
Fuente: La Republica, jueves

Marcha de la Nación Tonocote Llutqui en reclamo por violaciones a los derechos humanos.

Consejo de la Nación Tonocote LLutqui Comunicado de prensa

Santiago del Estero, 18 de mayo de 2011.

En la mañana de ayer como Consejo de la Nación Tonocote LLutqui en la provincia de Santiago del Estero nos hemos movilizado ante las autoridades del gobierno provincial exigiendo la aplicación de las leyes que garantizan el ejercicio de nuestros derechos.

Más de 300 hermanos y hermanas de las 27 comunidades de los departamentos de Figueroa, San Martín y Avellaneda nos dirigimos a la capital de la provincia a presentar un petitorio por las permanentes violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los Pueblos Originarios.

Luego de la asamblea de autoridades  con la asistencia de  los Kamachejkuna, la Tinkina e integrantes de las comunidades que conforman el Pueblo Tonocote marchamos por el centro de la ciudad en un acto de reafirmación como pueblos originarios con derecho a nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros territorios. La columna encabezada por niños, niñas y mujeres con los símbolos que nos representan e integrada por jóvenes, adultos y ancianos avanzamos por las calles de la ciudad al ritmo de nuestros instrumentos musicales y los redoblantes.

En el petitorio dirigido al Poder Ejecutivo expresamos que en la lejanía donde habitamos en los territorios ancestrales se violan permanentemente los derechos que desde hace mucho tiempo nos amparan en la constitución nacional y el marco jurídico nacional. La tala indiscriminada e ilegal de los bosques nativos, la violencia de privados y el accionar corrupto de la fuerza policial constituyen el  despojo territorial de nuestras comunidades.

La Dirección General de Bosques y Fauna se comprometió a recorrer las comunidades indígenas a fin de constatar las denuncias efectuadas. El petitorio fue entregado también en la casa de gobierno y la Jefatura de la Policía. Acompañados de hermanos  y hermanas de otros pueblos originarios en el país que formamos parte del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios, hemos concluido una jornada llena de fuerza, alegría y lucha por el bienestar de nuestros pueblos y territorios ancestrales.

JALLALLA!!! KAWSACHUN!!!...

Teléfono de contacto:

0385-154128930 Tinkina Solita Pereyra/ Kamachej Walter Hugo Barraza 011-154-060-9006

Prensa Consejo Tonocote Llutqu

Erradicación del trabajo infantil en la Provincia de Buenos Aires

La Plata, 20 de mayo de 2011. CTA: Erradicación de trabajo infantil, Aportes para una solución definitiva. Enviado por Duilio Ferro.

La erradicación del trabajo infantil en el territorio de la provincia de Buenos Aires es uno de los capítulos mas importantes en política de derechos humanos que lleva adelante la Central de los Trabajadores de la Argentina.

Por tal motivo, la CTA bonaerense es una de las sedes de reunión de la Comisión Provincial para la Prevención de Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti) que integran, entre otros,  la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo provincial, la Subsecretaria de Niñez, el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, la Comisión de Niñez de la Cámara de Diputados, la Secretaria de Turismo provincial, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la CTA a través de la secretaria de DDHH.

Los representantes de cada área analizaron -en su última reunión de esta semana- la Resolución N 11, que reglamenta el trabajo rural y contempla la creación de centros de contención para niños y niñas. Además, dicha resolución, indica que los chicos deben estar lejos de los espacios donde sus padres desarrollan la actividad laboral. Y además plantea la obligatoriedad de viviendas adecuadas para los trabajadores.

Otro de los temas debatidos fue el proyecto de ley para la obligatoriedad de construcción de guarderías infantiles en aquellas empresas cuya cantidad de trabajadores supere los cuarenta empleados. Mientras que las empresas de menor números deberá abonar un plus de salarial para que sus padres cuenten con la posibilidad de enviar a sus hijos una guardería.

Por último, y atendiendo a la resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que estableció el 12 de junio “Día Internacional contra el trabajo infantil” la Copreti realizará, el próximo sábado 11 de junio, una actividad recreativa de concientización que se desarrollara en la República de los Niños de la ciudad de La Plata.

“Bajo el lema 'hoy escuela y juego, mañana trabajo decente' se intenta hacer un llamado de atención y concientización para prevenir y erradicar la mano de obra infantil que lesiona los derechos humanos de nuestros niños” asevero Rosana Merlos, secretaria de Derechos Humanos de la CTA bonaerense.

Ante la consulta por la diversidad de actores y sectores que participan de la Copreti, la dirigente gremial indicó que “desde la CTA nos propusimos erradicar el trabajo infantil y creemos que es una tarea de todos y no de un sector. Por tal motivo participan representantes del gobierno, de la legislatura, la CGT, la CTA, el sector empleador, universidades, los medios de comunicación y otros sectores comprometidos con la infancia”.

Para mayor información comunicarse al 011.15.4179.2165

Fracasó el Frente Amplio en terminar con la ley que impide juzgar a violadores de DDHH

La Cámara de Diputados de Uruguay rechazó hoy con 49 votos sobre 98 el plan del oficialista Frente Amplio (FA) de eliminar la Ley de Caducidad, que evita juzgar a los militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

Después de catorce horas de acalorado debate, el diputado oficialista Víctor Semproni cumplió su promesa de abstenerse y el FA se quedó a un voto de lograr la mayoría necesaria para llevar adelante la iniciativa. 

De este modo, el resultado de la votación fue un empate técnico, lo que según el reglamento legislativo se considera como un rechazo. 

El FA, el bloque de izquierdas que gobierna desde 2005, cuenta con 50 de los 99 diputados de la Cámara Baja y había exigido a todos sus parlamentarios que respaldaran el proyecto, que la oposición rechazaba en pleno. 

A pesar de la orden de su partido y los ruegos del mismísimo presidente del país, José Mujica, Semproni decidió no respaldarlo por considerarlo inconstitucional y porque vulnera dos referendos que en 1989 y 2009 ratificaron la Ley de Caducidad, aprobada en 1986. 

El legislador, un ex guerrillero que sufrió torturas durante la dictadura, dijo estar "totalmente de acuerdo y en pie de lucha para borrar definitivamente la Ley de Caducidad del sistema legal uruguayo" pero consideró la iniciativa "poco segura y efectiva, y generadora de mayores dificultades". 

Desde su aparición el año pasado, la propuesta generó una fuerte división en el seno del partido gobernante y concitó el rechazo incluso de Mujica, que llegó a pedir a los diputados que no la votaran aunque siempre mantuvo que no iba a vetar la medida si se aprobaba en el Legislativo. 

La sesión parlamentaria, que comenzó el jueves por la tarde y se prolongó hasta este viernes por la intervención de decenas de diputados de uno y otro bando, concitó un gran interés entre los medios de comunicación uruguayos, que siguieron el debate en su integridad. 

Cientos de defensores de los derechos humanos se concentraron infructuosamente a las puertas del Palacio Legislativo al inicio de la reunión para pedir a los diputados que aprobaran el proyecto. 

En Chile solo un 29% de violadores de ddhh cumplen condena en la Cárcel

Un total de 68, de 230 agentes condenados con sentencias definitivas por violaciones a los Derechos Humanos en Chile, se encuentra cumpliendo pena de cárcel, lo que corresponde al 29,5%, revela un informe elaborado por El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales sobre los agentes de seguridad que cometieron delitos de lesa humanidad entre 1973 y 1990.

El documento, correspondiente al Boletín Informativo n° 12 de los meses de febrero y marzo de 2011, recoge las estadísticas entregadas por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Gendarmería.

El texto de la casa de estudios señala que actualmente existe un total de 777 ex agentes de seguridad que han sido procesados y condenados, de los cuales 230 tienen sus sentencias ejecutoriadas.

"De estas 777 personas, un total de 230 han recibido sentencias definitivas (confirmadas por la Corte Suprema) declarándoles culpables. No obstante, menos de un tercio de ellos se encuentra actualmente presos. El resto, 162 de los 230, se encuentran libres por haber recibido sentencias leves, por haber cumplido ya la totalidad de sus sentencias, o por haber recibido beneficios pos-condena que permitieron su excarcelación antes de la fecha oficial de expiración de su sentencia inicial", indica el informe.

Este último agrega que "por tanto, según datos obtenidos desde el Programa de DDHH y Gendarmería de Chile, el total de agentes declarados culpables de crímenes contra los ddhh que se encuentran activamente cumpliendo condenas confirmadas privativas de libertad a
fines de marzo de 2011 no excede 68".

El estudio consigna que existen 59 prisioneros recluidos en las cárceles militares de Punta Peuco (48), Cordillera (10)  y en el Hospital de Carabineros (1). Los ocho restantes se dividen en las cárceles de Temuco (4), San Antonio (1), Arica (1), Alto Hospicio (1) y Concepción (1).

El informe todavía no puede confirmar el lugar de reclusión de uno de los ex agentes condenados en enero de este año a 10 años de prisión y no existe registro de que su condena haya sido ejecutada, hasta la fecha en que se divulgó este documento.

Fuente: La Tercera

Movilización de Abuelas de Plaza de Mayo a 10 años de la causa Noble Herrera (Dueña del Grupo Clarín)

Carlotto encabezó un acto realizado ayer en las escalinatas de Tribunales, que contó con la presencia de diversas agrupaciones políticas como La Cámpora, la JP Evita y la Juventud Sindical, a las que se sumaron artistas, músicos, dirigentes políticos y una importante cantidad de público, estimada en diez mil personas.
La titular de Abuelas, poco antes de subir al escenario dijo en diálogo con Télam que si tuviese la posibilidad de encontrarse con Ernestina Herrera de Noble, pediría que "si tiene un atisbo de dignidad libere de una vez por todas a Marcela y Felipe, porque nunca amó a esos chicos y sólo fueron objetos para ella".
A una década de iniciarse el proceso judicial para establecer si los hijos de Herrera de Noble son hijos biológicos de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, Carlotto también insistió en que la justicia "no caiga más en presiones y se cumpla con la extracción compulsiva de sangre y saliva" de los hermanos.
La conmemoración, también sirvió para "aguardar con expectativa" lo que Carlotto calificó como "una semana clave", dado que el próximo 26 de mayo la Cámara de Casación deberá determinar si corresponde realizar la extracción de sangre a los hermanos Noble Herrera, medida ordenada oportunamente por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para cotejar su ADN con las muestras del banco de datos genéticos, prueba a la que los jóvenes y los abogados se resisten.
En ese sentido, la titular de Abuelas aseguró que la instancia para que se haga la extracción compulsiva "no es una bravuconada ni un acto de presión, dado que sólo reclamamos un derecho inalienable a ser libres no sólo a Marcela y Felipe, sino también a otros 400 nietos que aún desconocen su identidad".
Carlotto insistió en "contar con este apoyo de la sociedad", y celebró el acompañamiento que logró la convocatoria porque "hay dos personas que estamos buscando hace más de 33 años y que la justicia ha demorado más de 10 en resolver, convirtiendo esta situación en algo devastador porque se nos mueren los abuelos sin poder abrazarlos".
Si bien el proceso judicial se inició el 30 de abril de 2001 en los Tribunales de San isidro, la investigación del caso fue iniciada por la agrupación Abuelas en 1984, con "la recopilación de datos sobre esta señora y los chicos", rememoró Carlotto.
A la vez, durante su discurso, Carlotto les envió un mensaje a los hermanos Noble Herrera, a quien les dijo que "tienen que saber cuánto los queremos sin conocerlos, cuánto los esperamos y que estén seguros que queremos devolverles su historia y el recuerdo de sus verdaderos padres".
Por último, Carlotto llamó a "cuidar esta democracia" y "acompañar las gestiones como la de Néstor Kirchner y la de Cristina Fernández; compañeros de nuestros hijos, de los 30.000 desaparecidos y quienes están cumpliendo con los sueños y las utopías que tuvieron ellos".
Por su parte el abogado querellante en la causa, Pablo Llonto, aseguró que "tanto Abuelas como quienes llevamos adelante la causa estamos confiados en que la Cámara de Casación no va a poner reparos y esta vez no le va a dar la razón al Grupo Clarín".
A la vez, Llonto aseguró que las dilaciones "se parecen al fútbol, donde la frase dice que hay equipos que asustan con la camiseta, y en este caso ocurre lo mismo porque clarín los asusta con la camiseta y ningún juez le pone freno".
"Es increíble estar diez años esperando una simple medida de prueba, es una situación nunca vista. Cuando empezó esto Ernestina Herrera tenía 76 años, y hoy está cerca de cumplir 86 y queda claro que especularon con eso y que están jugando a que fallezca y logre la impunidad biológica", dijo el abogado a Télam.
El acto, que contó con la presencia de músicos como Horacio Fontova e Ignacio Copani, cerró con la participación del grupo Choque Urbano, con una demostración previa de los integrantes de Teatro por la Identidad.

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