La carta de Mujica
Queridos compañeros:
Y más que nunca Queridos porque debemos ser sabios para manejar las discrepancias sin dejar heridas irreparables para la Unidad del Frente. (Lamentablemente hay gente que echó a la basura la advertencia. Esto surgió después en los medios.)
Quiero sólo decirles lo que pienso para que seamos responsables y carguemos con las consecuencias. No espero ningún cambio. Los dados están echados y en parte el daño al futuro político del Frente está hecho.
Opinión:
1. En materia global de Derechos Humanos, ninguna conquista es más importante que la continuidad y la profundización del proyecto frenteamplista. Esto lo afirmo pensando en la inmensa mayoría de nuestro pueblo. De la permanencia futura al frente del país, dependerá que se sostengan los logros actuales y muchos otros todavía pendientes, pero posibles y necesarios.
2. Es a partir de esta visión que nosotros organizamos la visión de la realidad actual. Todo lo que afecte gravemente la imagen política del Frente ante la gente, todo lo que sirva como arma importante a la derecha en sus futuras campañas, conspira a la larga, contra los Derechos Humanos de nuestro Pueblo.
3. La ley de Caducidad es una carga histórica abominable. Desde el principio estuvimos contra ella. Relaté que estaba junto a (Luis) Rosadilla la noche que se aprobó la Ley de Caducidad (diciembre de 1986), funcionando en un Ejecutivo (del MLN-T) que por iniciativa del compañero (Diego) Picardo decidimos de inmediato una campaña de visitas políticas para ir al plebiscito. Unos cuantos días después el Partido Socialista tomó la iniciativa y así se procesó la primera consulta.
El segundo plebiscito, encontró resistencia táctica en muchos frenteamplistas del gobierno, que no veían lo de mezclar el tema en una campaña electoral. Recibí el planteo de (Zelmar) Chicho Michelini de hacer una gestualidad pública para ayudar en la juntada de firmas que estaba lenta. Lo hice, porque los hechos se impusieron. El Frente no estaba, pero estaba. Hasta hoy, nadie se hizo cargo del error de percepción pero de inmediato se responsabilizó a la fuerza política a la que impusieron la línea. Esta es una de las razones por las que hoy pido conciencia y responsabilidad.
A las discrepancias no se las contesta con insultos, no hace al compañerismo.
Comparto la necesidad de su entierro. Pero no comparto el camino elegido porque en nuestra visión tiene peligros políticos tal vez insuperables. Rechazo el argumento divisionista de que discrepar con el camino elegido es igual a estar de acuerdo con la impunidad. Este argumento si se lo profundiza resulta peyorativo y reaccionario hacia las grandes mayorías que por diversos motivos no nos acompañaron en los plebiscitos. Es un insulto indirecto a nuestro pueblo y considero que los compañeros que piensan así lo hacen porque se fanatizan en una lucha larga y obnubilan su racionalidad. Si nos equivocamos, si no es por “calentura” es mucho peor. Estamos rotos aunque falta lo formal.
4. ¿Cuál es la discrepancia con el camino elegido?
Aparecer ante nuestro pueblo pasándole por arriba a dos plebiscitos. No hay batería argumental entendible que nos pueda defender ante las futuras andanadas de la derecha. Le hemos fabricado una espléndida espada a nuestra oposición para que nos decapite. Todas las explicaciones que pretendamos dar son ininteligibles para nuestro pueblo.
Estamos muy lejos en años, de elegir nuestra futura fórmula pero sí nos encargamos ya de embarrarle la pista. Asumamos desde hoy. Yo lo veo así compañeros y sé que los dados están echados.
5. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué forzamos este camino? ¡Cómo es posible el desprecio hacia los plebiscitos, esa filtración casi libertaria en nuestro orden institucional! Filtración que nos permitió derrotar al neoliberalismo en su apogeo, porque además sumamos flexibilidad política e hicimos Alianzas, que algunos no comprendieron y salvamos las Empresas Públicas, cómo se parecen hoy algunas actitudes y epítetos que se usaron entonteces contra la decisión lúcida de la mayoría del FA. Recordemos, ayer tuvimos la madurez que hoy perdimos. ¿Por qué?
6. La explicación humana que me doy es que la siembra dolorosa que con sus procedimientos hizo la dictadura dejó no sólo la sed de justicia, sino que construyó odio implacable que ciega el razonamiento. La extrema derecha políticamente derrotada, sin proponérselo por nuestra reacción apasionada que obvia a los plebiscitos, le regala a la derecha institucionalizada una herramienta formidable. ¿Juntarán firmas, nos tendrán años discutiendo? ¿Y el porvenir? En vez de injurias nos deben convencer de que el camino elegido no empaña gravemente a la imagen del Frente.
7. Podría sumar otros argumentos pero no lo haré. No incursiono en lo jurídico, me queda grande.
Aclaro paradójicamente que deseo fervorosamente estar equivocado y que no es tan grave el handicap que damos.
8. Reafirmo mi repulsa en general al mecanismo del veto. Nunca lo usaría, salvo que el Frente me lo pidiera, esto como criterio general para cualquier decisión.
9. Las tensiones, angustias institucionales, etc., que podrían sobrevenir, me parecen secundarias porque valoro la madurez del país. Siempre las enfrentaremos juntos. Nuestra preocupación central está en la continuidad del proyecto frenteamplista. Ya nos salió cara esta decisión. No sumemos más costos.
La carta frenteamplista
Queridos compañeros, queridas compañeras:
Una vez más se plantean debates dentro de nuestro Frente Amplio sobre la mejor forma de erradicar la Ley de Caducidad y sus efectos. Esto nos sorprende, porque el Plenario Nacional estableció un claro mandato a nuestros legisladores, aprobado sin votos en contra y con sólo tres abstenciones, que ya fue cumplido en la Cámara de Senadores, pero la discusión es un hecho y debemos afrontarla.
En los últimos días el compañero José Mujica, presidente de la República, ha sostenido que el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, elaborado por el Frente Amplio y aprobado por el Senado con votos frenteamplistas, pone en peligro la victoria que todos deseamos en 2014, y con ella la profundización del proceso de cambios iniciado desde que alcanzamos el gobierno nacional.
Durante el proceso de elaboración de ese proyecto interpretativo se tuvieron en cuenta diversas objeciones y propuestas, entre ellas las aportadas por el compañero José Korzeniak, experto en derecho constitucional. Si aparecen otras ideas, habrá que considerarlas con el mayor respeto, pero nos permitimos señalar que no es momento para improvisaciones en un asunto tan importante. Está bien que nos esforcemos por buscar la mejor solución posible, pero tengamos presente que demasiadas idas y venidas causan confusión y desánimo.
El fondo de la cuestión es que la legislación uruguaya incluye, desde diciembre de 1986, una norma inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales firmados por Uruguay. Una norma que permite la impunidad de delitos de lesa humanidad y cuyos efectos deben ser eliminados, por elementales razones éticas y porque así lo decidió, en marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy debe quedar claro que nuestra voluntad política de terminar con la impunidad sigue firme. Con ese objetivo, ya es hora de que el sistema judicial recupere las potestades que le arrebató la Ley de Caducidad, y que en los últimos años sólo ha podido ejercer cuando le dieron permiso desde la presidencia de la República.
La historia de la Ley de Caducidad es intrincada y llevamos muchos años atrapados en ella, por las malas artes de quienes quieren la impunidad y por nuestros propios errores. No soñemos con que hay un modo simple e indiscutible de resolver el problema. Si nos empeñamos en buscar una fórmula perfecta que no existe, el resultado puede ser que todo quede como está.
La impunidad fue impulsada con amenazas y engaños. Ahora se intentará mantenerla con recursos jurídicos y políticos. Es una señal de que hemos avanzado: sigamos adelante.
Nos dicen y nos dirán que la Ley de Caducidad fue respaldada por la mayoría de la población en el plebiscito de octubre de 2009, y que por ese motivo debemos dejarla en pie, que se ha vuelto invulnerable por la voluntad popular. Es un argumento eficaz pero mentiroso.
En ese plebiscito se votó con una sola papeleta, y por lo tanto sólo fue posible contar cuántos votamos en contra de la impunidad. Ignoramos cuántos estaban a favor, y seguramente muchas personas no pusieron el Sí rosado en el sobre porque no tenían una opinión formada. Se abstuvieron. Decir que esos fueron votos de apoyo a la Ley de Caducidad es como atribuir opinión definida a los encuestados que terminan en el casillero “no sabe/no contesta”.
No nos enredemos una vez más: la Ley de Caducidad es inconstitucional, como lo han señalado la Suprema Corte de Justicia, la Asamblea General y el Poder Ejecutivo; no puede ser contrario al derecho anular todos sus efectos, que nunca fueron legítimos.
Se ha dicho que la profundización del proyecto frenteamplista, en el tercer gobierno nacional consecutivo que todos queremos conquistar, es el mejor modo de defender los derechos humanos, que nada es más importante y que todo lo logrado se puede perder si, al aprobar el proyecto interpretativo, ponemos al FA en una situación vulnerable ante las críticas de otros partidos.
Discrepamos fraternalmente con ese punto de vista. No aceptamos que sea necesario elegir entre la continuidad y el contenido de nuestro proyecto de gobierno.
Sería un error grave, como elegir entre la libertad y la seguridad, entre el crecimiento y la distribución, entre la unidad y la diversidad, entre los cambios y la paz.
Uno de los enemigos más poderosos que enfrentamos está dentro de nuestras propias cabezas, y nos dice que no es posible escapar a esas alternativas, que no podemos pensar fuera de ellas.
Si nos convencemos de que debemos dejar por el camino nuestra identidad, no importará cuáles sean los resultados electorales: estaremos derrotados aunque ganemos.
De nuestra conducta en estos días dependen muchas cosas: respetar la memoria de quienes ya no están, y también cuidar la esperanza de los que vienen. Podemos hacerlo juntos, si no se nos olvida quiénes somos.
Eduardo Galeano, Margarita Percovich, Belela Herrera,
Guillermo Chifflet, Ana Olivera, Daniel Viglietti, José Díaz,
Zelmar Michelini (h), Marina Arismendi,
Miguel Fernández Galeano... (siguen firmas).
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EL MUNDO › OPINION
Los límites de la voluntad popular
Por Marcelo Ferreira *
El Congreso uruguayo decidió no anular la ley de amnistía de represores por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La decisión, adoptada por mínimo margen, avaló la postura del presidente José Mujica, quien consideró que la anulación implicaría aparecer ante el pueblo “pasándole por arriba a dos plebiscitos”.
En efecto, la ley 15.848 –o Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado–, promulgada en 1986 por un gobierno democrático, fue confirmada por el pueblo uruguayo en dos oportunidades (referéndum de 1989 e iniciativa popular de 2009), lo que constituye el único argumento visible a su favor, por cuanto nadie discute el hecho de su palmaria invalidez jurídica.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos...” (Caso Gelman vs. Uruguay; sentencia del 24 de febrero de 2011). Y la propia Suprema Corte de Justicia de Uruguay decretó su inconstitucionalidad en el caso Sabalsagaray Curutchet, Blanca Stela, del 19 de octubre de 2009.
Sentado ello, y por muy vigoroso que parezca el argumento de la primacía de la voluntad popular, verificamos que su aparente fuerza irresistible se desvanece inmediatamente.
La Corte Interamericana determinó que “el hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aun ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede legitimidad ante el Derecho Internacional... La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos... en casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías..”. Y la Suprema Corte de Justicia de Uruguay sentó que “el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la tutela de los derechos fundamentales (y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados) y la sujeción de los poderes públicos a la ley” (Caso Nibia Sabalsagaray Curutchet).
Estos pronunciamentos abrevan en las ideas del filósofo italiano Luigi Ferrajoli. Los derechos humanos “están sustraídos tanto a las decisiones de la política como al mercado... no son expropiables o limitables por otros sujetos, comenzando por el Estado: ninguna mayoría, por aplastante que sea, puede privarme de la vida, de la libertad”. Tales derechos “forman la esfera de lo indecidible que sí y de lo indecidible que no”, y actúan como factores de legitimación y deslegitimación de las decisiones y de las no-decisiones. Y reitera que “ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad, o no decidir la satisfacción de un derecho social” (Derechos y Garantías. La ley del más débil, Ed.Trotta, Madrid, 2006).
En esa línea, y tal como destaca la Corte Interamericana, varios tribunales del mundo rechazaron la validez de plebiscitos en cuestiones que involucraran derechos humanos. En los EE.UU. la Corte Suprema rechazó un referéndum sobre matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de California, y expresó “los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a votación; no dependen de los resultados de elecciones” (Perry v. Schwarzenegger). Y en el caso Romer v. Evans anuló la iniciativa que habría impedido a los órganos legislativos adoptar una norma que protegiera a los homosexuales y lesbianas en contra de la discriminación. La Corte Constitucional de la República de Sudáfrica negó un referéndum sobre la pena capital por considerar que una mayoría no puede decidir sobre los derechos de la minoría (Constitutional Court of South Africa, State v. T Makwanyane and M Mchunu). Y la Corte Constitucional de Eslovenia rechazó la posibilidad de realizar un referéndum que pretendía revocar el estatus de residencia legal de una minoría (caso de los “Erased”).
En definitiva, el respeto de los derechos humanos no está sujeto a reglas mayoritarias. Y la decisión del Congreso uruguayo no es el fin del camino, porque la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado volverá a plantearse una y otra vez ante los tribunales, hasta que las víctimas y todo el pueblo uruguayo obtengan la justicia con memoria que tanto merecen.
* Profesor titular de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
Fuente: Pagina12, martes
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DOS POSIBILIDADES. SE REALIZARÍA CASO A CASO O TODAS A LA VEZ POR DECRETO
Estudian desarchivar las 80 causas de DDHH
Desarchivar la totalidad de los casos ya incluidos en la Ley de Caducidad o proceder uno por uno, es la duda del Poder Ejecutivo. Siguen las excavaciones en el Batallón Nº 14. Mujica exhortó a "bajar el perfil".
Breccia. Hay unos 80 casos de denuncias amparadas por la caducidad.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, indicó que el Ejecutivo está estudiando cómo proceder con los casos amparados en la Ley de Caducidad en gobiernos anteriores, a raíz del dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las reiteradas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que sostienen la inconstitucionalidad de la ley.
El jerarca gubernamental fue abordado por la prensa tras la ceremonia de entrega del premio a la atención ciudadana a la Torre de las Comunicaciones.
Breccia estimó en unos 80 casos las denuncias que fueron incluidas como amparadas en la Ley de Caducidad y explicó que en algunas de ellas se repiten los nombres de personas, por lo que sería necesario revisar esos expedientes para conocer la verdadera cantidad de casos.
Breccia sostuvo que el gobierno duda entre dos soluciones. Una sería aprobar un decreto para desarchivar y abrir la posibilidad de que la Justicia vuelva a recibir las denuncias e investigar todos los casos ya amparados en la Caducidad; la otra posibilidad es actuar caso por caso.
Sostuvo que si se opta por un decreto que incluya a todos los casos en su conjunto, corresponderá después que la Justicia decida si desarchiva y el juez de la causa resolvería si investiga.
Explicó que en el único caso en el cual el gobierno fue consultado, el del militante comunista Alvaro Balbi, asesinado en 1975, se procedió de inmediato a su desarchivo.
Agregó que en cada caso que los familiares soliciten el desarchivo, como en el caso Balbi, se actuará de la misma manera, comunicando esa decisión a la Justicia.
Breccia señaló que el gobierno sigue trabajando para darle cumplimiento a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Gelman.
Por otra parte, aclaró que las excavaciones en busca de restos de detenidos desaparecidos iniciadas nuevamente en febrero de este año continúan en el Batallón 14.
Dijo que en la reunión del Consejo de Ministros del pasado lunes, el presidente de la República, José Mujica, exhortó a un compás de espera en este tema, teniendo en cuenta que hay demasiada susceptibilidad, y recomendó bajar el perfil en la divulgación del caso. Insistió en que el gobierno busca soluciones con mucha calma.
El prosecretario de la Presidencia subrayó que los temas prioritarios del Ejecutivo son la infraestructura del país y en especial de AFE, el apoyo logístico a las telecomunicaciones, la educación y la seguridad, a los que consideró temas del país real.
Breccia señaló que el presidente Mujica ha manifestado que más allá de la importancia del tema de la Ley de Caducidad y su vigencia, su discusión ha distraído a la fuerza política del gobierno de otros temas igualmente importantes. La ciudadanía está esperando resultados concretos de las políticas del gobierno en todas las áreas, subrayó.
Fuente: La Republica, jueves
