A partir del año 1983, nuestro país ha recuperado la institucionalidad democrática en las formas de elección de autoridades de las organizaciones. Esto ha significado la regularidad de los comicios para el poder ejecutivo y legislativo, pero no ha producido formas de participación democráticas de la sociedad en sus ámbitos de desenvolvimiento cotidiano. Si tenemos en cuenta el daño cultural que nos ha hecho el neoliberalismo de la década del 90 (individualismo, desempleo, frivolización, exitismo, etc) , la democratización de las relaciones sociales siguen siendo un desafío más que preocupante para quienes abogamos por la justicia social.
En este contexto resulta fácil el explicar por qué en tantos sectores, especialmente en los ámbitos de poder, no existen prácticas democráticas que regulen las relaciones sociales.
Ahora bien, cabría preguntarse cuáles son las prácticas sociales democráticas a las que aspiramos. Y es aquí donde tendríamos que reconocer algunas limitaciones jurídicas para este propósito. Uno de ellos es el marco constitucional cuando sostiene que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes; marco constitucional definido a la luz de un proyecto de país liberal en lo económico y conservador en lo social. Esta delegación a cuatro años del poder, entiendo que ha producido graves confusiones en una ciudadanía, des-responsabilizándola de un montón de pequeñas decisiones que no pueden ser delegadas. Y por supuesto que esta confusión ha sido y es fomentada por todos los sostienen una posición conservadora, consciente o inconscientemente.
Por lo tanto cabría preguntarse cuestiones como: ¿Cómo se termina decidiendo las mejoras para el barrio? ¿Cómo se deciden los gastos de la sociedad de fomento? ¿Con qué criterio se decide qué deben estudiar nuestros hijos? ¿Qué es lo que decidimos para el cuidado de nuestra salud? ¿Cuál es la elección para nuestra alimentación? Y sobre estas preguntas, cabría pensar qué nivel de participación tenemos; sobretodo si acordamos que son preguntas que hacen a nuestra realidad más concreta. Y se juega aquí mucho más nuestra felicidad, que en la elección de las autoridades de las estructuras.
Entendemos que esta realidad de enajenamiento de nuestras decisiones más inmediatas tiene explicaciones históricas. Esto sucede y se viene fomentando desde hace años, o siglos. Pero por ello no lo podemos aceptar como algo natural o incuestionable.
En el caso de nuestra realidad escolar, el asunto tiene sus particularidades. Revisando la historia de la educación argentina, nos encontramos desde la Ley 1420 con un proyecto político pedagógico que promovía la formación de una ciudadanía sostenedora del proyecto de país agro-exportador con una estratificación de clases muy clara. En esta definición, se promovía la participación popular muy ligada a la pasividad y la docilidad de un rebaño que encontraría su realización gracias a las sabias decisiones de una clase superior e iluminada.
Por supuesto que esta realización no ha sucedido, y la única realidad superadora para el pueblo fue la gestión de gobierno de Juan Perón entre el 45 y el 55, más allá que la docencia en general se mantuvo adversaria al gobierno popular. Desde el golpe del 55, la docencia fue haciendo de portavoz de los valores de un liberalismo abstracto, promotor de moralinas, y profesora de unos fructíferos futuros que jamás se dieron. Debemos sumar la etapa del terrorismo de estado agregando una cultura del silencio (entre otras cosas más dramáticas) que fue dejando cada vez más en la abstracción la participación democrática. Con la recuperación democrática, se implementaron algunas experiencias muy alentadoras como las del Consejo de Escuela, que no pudieron tener una continuidad por la crisis económica que se desató en aquella etapa. Luego con la Ley Federal de Educación, en el marco del ideario neoliberal, todo intento de participación y desarrollo del potencial popular, fue negado y reprimido sistemáticamente.
En la etapa presente, desde el año 2003, el liderazgo del gobierno de Kirchner y Fernández se ha dado por la concientización popular de la recuperación de derechos como constructora de institucionalidad. Esto ha significado la movilización popular, que con carencias de estrategias metodológicas ha debido delegar en instituciones, actores y prácticas de otra etapa, sus herramientas de superación. Conscientes de esta particularidad, es ahora cuando se hace necesario dar el paso superador al cuestionar estas formas de apariencia democrática. Y a su vez ir construyendo la participación democrática real.
En el caso de las escuelas secundarias de la provincia de Bs As, resulta muy alentador la formación de centros de estudiantes para dar voz, decisión y acción a una juventud, que después del adormecimiento cultural de los 90, encuentra su realización en el espacio político y social. No sabemos si las autoridades escolares de cada escuela harán esta lectura del momento histórico, teniendo en cuenta que la "cultura docente" en nuestro país tiene tradición antipopular, y como nuestros jóvenes están haciendo camino con muy poco trasvasamiento generacional, es comprensible que cometan algunos errores que sólo la mirada pedagógica puede comprender y desarrollar.
En la realidad escolar de la escuela primaria, el desafío se plantea en la participación de los alumnos y sus padres en el Proyecto Institucional. Aquí se conoce el temor de la docencia en sentirse desplazada en la toma de decisiones sobre la propuesta escolar. Esto no tiene por qué ser así, si contamos con docentes que saben diferenciar lo didáctico, lo pedagógico, lo curricular, y lo político-educativo, pero hay dudas sobre esta capacidad.
Buena parte de esta docencia ha sido formada en la implementación de la Ley Federal. No sólo la cursada en en el ISFD, sino en EGB y Polimodal. Muchos directores e inspectores han accedido a sus cargos en concursos que aprobaban con el discurso del neoliberalismo educativo. Esto es un condicionante importante, aunque confiamos en la capacidad crítica en muchos de ellos; no es fácil quitarse el ropaje que nos ha abrigado durante unos cuantos años, pero nadie lo puede sostener en el presente, si no quiere aislarse de la realidad. En este conflicto se haya la docencia y es necesario darle la ayuda que desde adentro no ha de aparecer. Tal vez el sindicato pueda aportar en este sentido.
Entendemos que el tránsito hacia una escuela democrática, no será simple ni sencillo, pero sí necesario. Resulta muy interesante la definición de DGCyE sobre el Gobierno Democrático en las escuelas. Realmente una sociedad es democrática, si vive democráticamente. Y una escuela forma ciudadanía y democracia en la medida que abre espacios a sus actores para vivir, habitar, pensar, hacer y decir como ciudadanos y demócratas. Es razonable entender que los primeros pasos serán dudosos, desprolijos, inciertos. Pero así son los que damos cuando empezamos a caminar cuando somos pequeños. Y sólo vendrán los pasos más firmes si dimos los anteriores.
Guillermo Turco Greco
Docente de Escobar
Grupo Jauretche
